Monsanto vs. INPI s. Denegatoria de patente

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Texto ante-proyecto Ley de Semillas (no público)

semilla ogmEste es el texto no público al que algunas organizaciones de la agricultura familiar tuvieron acceso en Mayo de 2014..

 

Descargar el Ante-proyecto Ley de Semillas Argentina

Relevamiento y sistematizacion de problemas de tierra de los agricultores familiares en Argentina

relevamiento tierras2Territorios campesinos e indígenas pretendidos por el extractivismo

Por Darío Aranda

 

En Argentina existen al menos 9,3 millones de hectáreas de campesinos e indígenas que son pretendidas por el sector privado y estatal, según lo revela el primer informe oficial sobre conflictos rurales. La tierra en disputa equivale a 455 veces la superficie de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, son 857 casos y afecta a 63.843 familias. En la mitad de los casos, las familias campesinas e indígenas sufrieron violencia para que abandonen sus campos, el 64 por ciento de los conflictos comenzó en las últimas dos décadas y tiene relación con el modelo agropecuario. “Sin dudas que (el inicio de las disputas) debe leerse a la luz del cambio e innovación tecnológica y el impacto de la expansión de la frontera agrícola sobre los agricultores familiares”, afirma el estudio publicado por el Ministerio de Agricultura de la Nación.

“Relevamiento y sistematización de problemas de tierras de los agricultores familiares en Argentina” es el nombre formal del trabajo, de 96 carillas y realizado por la Subsecretaría de Agricultura Familiar de la Nación. Fechado en 2013, el trabajo remarca desde el inicio sus limitaciones: el conteo de casos fue realizado en sólo tres meses (de abril a junio de 2011) y aclara que es “una muestra amplia pero no representativa” de la conflictividad rural.

Pero recobra valor al ser el primer informe oficial. El NOA concentra la mayor cantidad de conflictos (28,2 por ciento). Le sigue la Patagonia (21,1), NEA (19,8), Centro (19,1) y Cuyo (11,7). Córdoba, Misiones, Santiago del Estero, Neuquén, Corrientes y Jujuy son las de mayores casos.

El 43,1 por ciento de los conflictos lleva entre uno y nueve años. El 20,9 por ciento entre diez y diecinueve años. La gran mayoría (77,6 por ciento) de los poseedores viven en el lugar desde hace más de 20 años y están amparados por el derecho veinteañal (quien vivió y cuidó la tierra por dos décadas, tiene derechos adquiridos). Aunque el Poder Judicial rara vez aplica ese derecho.

De los 857 casos relevados, 278 involucran a pueblos indígenas (32 por ciento). De ese total, sólo el 40 por ciento ya fue relevado en el marco de la Ley 26.160 (norma aprobada en 2006 que frena los desalojos judiciales y ordena un mapeo catastral).

El 49 por ciento de los casos se encuentra en tierras “privadas” (con algún particular o empresa) y el 34 por ciento en tierras fiscales (municipales, provinciales y nacionales). El 17 por ciento en tierras mixtas.

El trabajo estuvo a cargo de Karina Bidaseca. “Los números son claros y evidencian que el modelo de agronegocios avanza y atenta contra la vida campesina. Es imprescindible el acceso a la Justicia, el saneamiento de títulos y políticas estatales activas para que las familias puedan permanecer donde siempre vivieron”, explicó.

El 39 por ciento de los casos (331) se encuentra judicializado. “Los casos en los que se registran amenazas o presiones de desalojo superan ampliamente los casos judicializados”, afirma. Y detalla que en el 52,3 por ciento de los casos se registraron amenazas y presiones de desalojo. Salta, Jujuy, Santiago del Estero, Misiones, Neuquén y Río Negro encabezan el ranking de amenazas.

El relevamiento oficial afirma que los conflictos territoriales se “intensificaron con el gran crecimiento que registra la megaminería, el desarrollo del turismo” y la “aparición de nuevos propietarios” con títulos dudosos.

José Luis Castillo, de la Asamblea Campesina Indígena del Norte Argentino (Acina), estuvo en la presentación del informe. “Celebramos que por primera vez el Estado, mediante la Subsecretaría, haga un estudio sobre lo que denunciamos desde hace veinte años en los territorios, así que damos la bienvenida a ese relevamiento”, explicó y dio un paso más: “Ahora necesitamos que el mismo Estado accione de manera concreta para apoyar a la agricultura familiar, que el Gobierno deje de dar luz verde a los agronegocios que nos pisan la cabeza a los campesinos”.

“Ya sabemos cuál es la enfermedad, el agronegocio, ahora necesitamos políticas públicas que nos permitan producir, quedarnos en el campo y, algo bien básico, que no nos desalojen ni nos repriman”, reclamó Castillo. El informe oficial analiza la estructura agraria y su relación con la tenencia de la tierra. En base al Censo Agropecuario 2002 (el último realizado de manera completa), comparando el censo 1988, muestra que desaparecieron 85.000 explotaciones agropecuarias (20 por ciento del total). Y apunta a uno de los problemas centrales de la argentina rural: el 60 por ciento de las explotaciones agropecuarias más pequeñas no llegaba al cinco por ciento de las hectáreas. En tanto el diez por ciento de las explotaciones agropecuarias más grandes concentraba el 78 por ciento de la tierra.

El capítulo tres aborda el marco legal de los conflictos. “La situación vinculada a los desalojos que padecen las comunidades y familias campesinas implica una clara violación a los derechos constitucionalmente garantizados y reconocidos por los Pactos Internacionales de Derechos Humanos.” Y afirma la necesidad de una política redistributiva, reparto de tierras privadas que no cumplen su función social.

Entre las conclusiones se destaca la necesidad de políticas públicas para acabar con la “exclusión social en el campo” y hace hincapié en la necesidad de “abordar el saneamiento de títulos”. También cuestiona al Poder Judicial por la situación de “indefensión” de los agricultores familiares. Y recuerda que los movimientos campesinos exigen una reforma agraria, la cual supone “transformar las relaciones de poder económico y político responsables por la reproducción de la concentración agraria”.

* Artículo publicado el 22 de julio de 2013 en el diario Página12 con el título “Los conflictos por las tierras ajenas”.

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Las semillas mutantes de maíz y el Santuario transgénico de Monsanto en san Luis

ImagenPor Red Universitaria de Ambiente y Salud – Médicos de Pueblos Fumigados

MONSANTO ARGENTINA anuncio la instalación de una factoría gigantesca, en Malvinas Argentinas de Córdoba, para acondicionar semillas de maíz transgénico de última generación recientemente autorizada por el gobierno nacional; hoy conocemos que toda o casi toda esa semilla se cultivará en el Valle de Conlara al norte de San Luis.

Las semillas del mal

La multinacional produce actualmente tres semillas de maíz que comercializa en la Argentina. Una es el Maíz MON810, semilla al que han injertado genes transgénicos a través de bombardeo con micropartículas, logrando que las plantas que se generan de estas semillas, mientras estén vivas, en muchas de sus células, secrete una proteína tóxica para insectos lepidópteros (mariposas) que atacan estos cultivos: es la toxina Bt, procedente del bacilo turingiensis ( un bacillo de la tierra y que naturalmente produce esta proteína-toxina para poder competir con gusanos, también de la tierra, ya que ambos grupos se alimentan de residuos orgánicos de los suelos), en el ambiente naturalmente hay pequeñísimas cantidades de estas toxinas Bt producidas por los bacilos. El maíz MON810 contiene entre otros genes implantados, genes que convierten en resistentes a los antibióticos de uso común en medicina humana (resistencia a aminoglucócidos) utilizados como marcadores del proceso de manipulación. La Unión Europea prohibió el ingreso de esas semillas a su territorio en 2004, a través del art. 2 de la Directiva 18/ 2001 del Parlamento Europeo y del Consejo Ejecutivo de 12 de marzo de 20011 por ser una amenaza para la salud pública (el Ministerio de Salud argentino parece que nunca se dio cuenta de ello). Paralelamente muchos países de Europa denunciaron el impacto ambiental que estas plantas venenosas de maíz generan, al secretar insecticidas (como la toxina Bt) todo el tiempo durante el que están vitales, como si fueran una usina permanente de insecticidas; ocasionando un impacto en la biodiversidad mucho mayor a la que generan las fumigaciones esporádicas con insecticidas, las que ejercen sus efectos venenosos durante 2 o 3 días después de la aplicación, mientras que la secreción de la toxina por la planta se prolonga varios meses y sus efectos sobre el ambiente también.

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Informe de Situación de los DDHH de los Pueblos Indígenas en la Patagonia 2013

tapa 2012Por Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas

El Informe 2013 del ODHPI puntualiza en la situación de los pueblos indígenas de la Patagonia. Avanzada territorial (petrolera, minera y de estancieros), criminalización de la lucha de las comunidades y la responsabilidad del Poder Judicial y político. Advierten que el proyecto de nuevo Código Civil provocará más desalojos de comunidades originarias.

“Se siguen perpetrando acciones estatales y privadas más propias de un contexto de colonización que de democracia (…) Los antiguos atropellos se han convertido hoy en violaciones a los derechos humanos”, afirma el ODHPI y apunta como causante, en parte, al “modelo económico impulsado y profundizado, tanto a nivel nacional como en los gobiernos provinciales, que pone el centro en la explotación de los recursos naturales para su exportación o para garantizar las ganancias exorbitantes de las empresas extractivas”.

Remarca las consecuencias en la Patagonia de la actividad petrolera y minera, afirma que “los Pueblos Indígenas recuerdan que las consecuencias del colonialismo persisten a pesar de la descolonización” y subraya como “lo más grave” es que las violaciones a los derechos humanos de los pueblos indígenas se producen con “el impulso del Gobierno, la inhibición de la legislatura y el respaldo de la Justicia”.

 

Descargar completo ODHPI informe 2013

Fuente ODHPI – 10/04/2013

Monitoreo de la Superficie de Bosque Nativo de la República Argentina (2006/2011)

desmontePor Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación (SAyDS)

 

Los bosques nativos argentinos están retrocediendo a un ritmo alarmante, a pesar de que la Ley de Bosques (26.331) prohíbe la tala indiscriminada en casi todo el país. Sólo en los últimos dos años, de acuerdo con este informe oficial de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAyDS), se perdieron más de un millón de hectáreas.

“Monitoreo de la Superficie de Bosque Nativo de la República Argentina” fue llevado a cabo por la Dirección de Bosques de la SAyDS, “evidencia un aumento de la deforestación a pesar de la prohibición de desmontar estipulada en el artículo 8 de la ley”.

En las tres regiones forestales analizadas, que concentran el 85% de los bosques nativos del país –el parque chaqueño, la selva misionera y la selva tucumano-boliviana–, durante el período 2006-2011, la deforestación fue superior en un 50% al período 1998-2002, cuando la ley todavía no existía.

La Ley Nacional de Bosques se aprobó a fines de 2007, y se reglamentó recién en abril de 2009 (vigente desde entonces); establece zonas de alta concentración de biodiversidad en las que se impide la tala. El informe de la SAyDS focaliza también en los millones erogados para proteger a los bosques. El Fondo Nacional de la Ley estableció partidas para que las provincias pudieran aplicar la norma.

Durante el período analizado, en Santiago del Estero se desmontaron 453.551 hectáreas, en Salta 236.246, en Formosa 129.603, en Chaco 110.889, en San Luis 37.483, en Misiones 21.406, en Tucumán 18.478 y en Catamarca 12.164.

 

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Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación (SAyDS) – Junio de 2012

Producción de Soya en el Cono Sur de las Américas: Actualización Sobre el Uso de Tierras y Pesticidas

informe soyaPor

Georgina Catacora-Vargas (GenØk – Centro para la Bioseguridad, Noruega)

Pablo Galeano (REDES-AT / Amigos de la Tierra, Uruguay)

Sarah Zanon Agapito-Tenfen (Laboratorio de Fisiología del Desarrollo y Genética Vegetal. Departamento de Ciencias Vegetales. Universidad Federal de Santa Catarina, Brasil)

Darío Aranda (Periodista independiente, Argentina)

Tomás Palau (BASE – Investigación Social (BASE-IS), Paraguay)

Rubens Onofre Nodari (Laboratorio de Fisiología del Desarrollo y Genética Vegetal. Departamento de Ciencias Vegetales. Universidad Federal de Santa Catarina, Brasil)

 

América del Sur es la región que registra el crecimiento más acelerado de la producción de soya a nivel mundial. Durante los últimos 40 años, su área de producción ha incrementado en 30 veces. En 1978 la superficie sembrada con soya en América del Sur superó la existente en Asia, y en el 2003, la de América del Norte. La introducción de variedades genéticamente modificadas (GM) en la región ha marcado una nueva fase de expansión en la producción de soya. Desde la primera aprobación de las variedades GM en 1996, el área sembrada con esta oleaginosa ha aumentado en 25 millones de hectáreas en 14 años (de 1996 a 2009). En el 2010, en Sud América se sembró un total aproximado de 47 millones de hectáreas.

La mayoría de la producción de soya en Sud América se produce en los países de la  subregión del Cono Sur, específicamente en Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay. La más amplia extensión de este cultivo se encuentra en Brasil (50% del total subregional). Tan sólo en Argentina y Brasil se ubica el 90% de la superficie sembrada con soya en el Cono Sur. La participación sudamericana en la producción mundial de soya fue del 43% (94.91 millones de toneladas) en el 2009.

La expansión del área con soya ha seguido dos patrones: i) Ocupación de grandes porciones de tierra arable mediante la sustitución o desplazamiento de otros cultivos o actividades agropecuarias, y ii) cambio del uso de la tierra, específicamente de bosques u otros hábitats naturales a monocultivo de soya, con o sin sustitución de otros cultivos o actividades agrícolas.

La expansión de la superficie con soya en el Cono Sur ha estado acompañada por un incremento en el uso de pesticidas, especialmente de herbicidas y particularmente del herbicida glifosato. En Argentina, por ejemplo, los volúmenes de glifosato aplicados en el 2000 incrementaron en 3.8 veces con relación al año anterior, alcanzando un total de 101 millones de litros.

Este reporte tiene por objetivo contribuir a una mejor comprensión de las implicaciones de la producción de soya. Para dicho propósito, éste compila y analiza información primaria sobre el uso de tierras y pesticidas en los principales países productores de soya del Cono Sur de las Américas; es decir Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay.

 

Descargar completo Producción de Soya en el Cono Sur de las Américas: Actualización Sobre el Uso de Tierras y Pesticidas.

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