Transgénicos en la Argentina: Un negocio atendido por sus dueños

empresasPor Darío Aranda

 

Un organismo clave en la autorización de transgénicos está dominado por las empresas del agro y por científicos vinculados al sector privado. Monsanto, Syngenta, Ledesma y Dow, entre otras corporaciones, se ubican a ambos lados del mostrador. Los conflictos de intereses y el Estado cómplice.

Conabia (Comisión Nacional de Biotencología), una lista de nombres, apellidos y pertenencia institucional. Aunque son integrantes de un espacio oficial, la información no provino de ninguna oficina de gobierno (que esconde los nombres), sino del sector privado. En la lista figuran 47 personas. De ellas depende, en gran medida, la aprobación de transgénicos en Argentina. Y, paradoja, 27 de ellas son de las mismas empresas que impulsan el modelo transgénico o de científicos con estrechos lazos con las mismas empresas.

Desde la aprobación de la soja RR con uso de glifosato en 1996, el accionar de la Conabia siempre fue blanco de denuncias por organizaciones sociales y científicos no vinculados al sector privado. Desde los Gobiernos siempre relativizaron la incidencia empresaria pero también siempre ocultaron la nomina de integrantes y nunca precisaron la forma de funcionamiento de la Comisión. Mucho menos hacen públicas las actas y la forma de aprobar los pedidos empresarios. La Conabia aprobó más de 30 eventos transgénicos de maíz, soja y algodón.

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Leyes de semillas y otros pesares…

librosemillastapa(Los pueblos de América Latina las cuestionan e impugnan)

 

Por Alianza Biodiversidad

 

 

“Dedicamos este documento a todas las comunidades y organizaciones que con denuedo y mucho empeño han insistido en defender ese corazón de la vida misma, esa llave de la alimentación y la independencia que son las semillas nativas “patrimonio de los pueblos al servicio de la humanidad”.

Llevamos ya muchos años viendo crecer la andanada privatizadora, encarnada en leyes de semillas y modificaciones constitucionales que pretenden criminalizar la posesión, custodia, intercambio y utilización de semillas ancestrales; la imposición de sistemas de protección de los llamados derechos de obtentor de variedades vegetales, sabiendo que tales derechos de obtentor en realidad son “derechos” inventados para privilegiar a quienes se apropian de los bienes comunes que durante milenios eran colectivos porque ése era su secreto para mantenerse dinámicos y transformadores, que es lo que necesita la vida para florecer y volver a florecer.

Especialmente en América Latina, todo este ataque parece querer imponer condiciones que deshabiliten la actividad agrícola independiente, aunando su lógica con los paquetes de agroquímicos, la mecanización e industrialización monocultivadora y las tendencias de acaparamiento de tierras y agua más las fragmentaciones y el divisionismo implícito en los programas gubernamentales y en los contratos que las corporaciones quisieran imponer como modo de asociarse con comunidades y pueblos.

Por fortuna, en el amplio espectro desde las comunidades más campesinas e indígenas hasta la academia y los circuitos de investigación, crece el malestar con este afán privatizador y se impulsa un cuestionamiento argumentado, una impugnación firme y la resistencia para enfrentar todos estos intentos por acaparar la clave del futuro: las semillas.

Este libro celebra esta extendida, emotiva y lúcida resistencia.

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El periodismo según Monsanto

malcomidostapaPor Soledad Barruti

 

Cuidate —me dijo una científica cuando le conté lo que me había pasado—. La táctica de Monsanto es siempre la misma: primero intentan con la seducción, si no funciona te difaman y si seguís molestándolos, te demandan.

Hacía un mes que mi libro, Malcomidos, estaba en la calle: en 465 páginas dice Monsanto sólo 27 veces. Sobre la empresa en particular no cuenta nada que no se haya contado antes: que la compañía ingresó a nuestro país hace 50 años como una empresa de plásticos y que en 1996, aprovechando la plataforma menemista de ensordecimiento público, se consolidó para instalar su experimento de cultivos transgénicos a campo abierto y en la comida de todos. Que logró la aprobación de sus productos sin siquiera traducir sus estudios, cuando (salvo Estados Unidos) ningún otro país parecía querer abrirle la puerta. Que los dos caballitos de batalla de la producción transgénica que impulsaban se habían ido cayendo a fuerza de realidad: ni había menos hambrientos en el mundo (la cifra coquetea año a año entre los 800 y mil millones), ni los cultivos eran menos tóxicos que los no transgénicos (se usan cada vez más plaguicidas para trabajar esos campos por la resistencia que ganan las malezas e insectos). Para escribir eso no necesitaba una entrevista con Monsanto. Además, estaba segura de que no me la habrían dado. La empresa no da entrevistas salvo a medios y periodistas aliados.

Y sin embargo, el mensaje.

Hola Soledad. Quería contactarte y no encontré otro medio más que este. Trabajo en Monsanto. Me gustaría conversar con vos sobre transgénicos y agroquímicos. Intercambiar opiniones y fuentes. Simplemente eso. Muchas gracias” (…)

 

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Fuente: Revista Anfibia – 05/02/2014

Voto calificado

votocalificadopor Darío Aranda

 

En Argentina se vota cada dos años. Desde 1983 a la fecha se realizaron siete elecciones presidenciales y, con la del próximo domingo, otras siete legislativas.
Los partidos que acumularán mayor cantidad de
votos (y que aspiran a la presidencia en 2015) hicieron campaña con temas que (quizá) reflejan a la sociedad: inseguridad, dólar, inflación y (mantener el) consumo. Y los ya clásicos (y siempre incumplidos) trabajo, salud y educación.
El modelo extractivo afecta a millones de personas, pero no se debate y no se plebiscita.
Curiosas piruetas del establishment político.
Elegido mediante el voto ciudadano, prohíbe a los mismos electores que voten contra las corporaciones, evitan que el pueblo decida su futuro.
Esquel y Loncopué son experiencias recientes. Funcionarios y corporaciones temen los malos ejemplos y el efecto contagio. Por eso evitaron Calingasta y Andalgalá. Por eso no permiten sufragar por represas en Misiones, por Monsanto en Córdoba y por Chevron (y el fracking) en Neuquén.
Tiempos de
votos calificados y democracias selectivas.
Derechos de sólo un domingo cada dos años.

 

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Fuente: ComAmbiental – 25/10/2013

Leyes de Semillas en América Latina

Una ofensiva que no cede y una resistencia que crece

semilla ogmpor GRAIN

 

Los intentos por privatizar las semillas continúan desplegándose globalmente de las manos de los gigantes corporativos del agronegocio. Detrás de ellos hay un objetivo claro de apropiarse de las semillas de manera monopólica y de convertir la práctica histórica y milenaria de mantener y reproducir semillas en un delito. América Latina no está libre de tales ataques.

Aunque la agresión tiene actualmente como punta de lanza las leyes UPOV (Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales es una organización intergubernamental con sede en Ginebra-Suiza, creada por el Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales), lo que en realidad se vive es una andanada de leyes, decretos y regulaciones que incluyen patentes sobre eventos biotecnológicos, normas sanitarias, normas de comercialización, leyes de certificación, registros varios, reglas tributarias, las mal llamadas “buenas prácticas agrícolas”, programas de investigación, políticas de establecimiento de mercados de semillas y más.

Ya en el año 2005 decíamos “Observadas hoy en día, todas las leyes de semillas refieren a la represión. Tratan acerca de lo que los agricultores no pueden hacer. Dictan qué tipo de semillas no pueden venderse, no pueden intercambiarse y en algunos casos incluso no pueden usarse. ¡Todo en nombre de la regulación comercial y la protección de los productores agrícolas! En este sentido, las leyes de semillas se complementan con los regímenes de derechos de propiedad intelectual (DPI) como la protección de variedades vegetales y las patentes. Los dos tipos de leyes —regulaciones para la comercialización y derechos de propiedad— se refuerzan mutuamente.

Si algo ha cambiado desde entonces, es que las estrategias de privatización se han multiplicado y se han hecho más extremas y ambiciosas. Lo que empresas y gobiernos no esperaban es que simultáneamente se han multiplicado las resistencias desplegadas a nivel nacional y regional.

 

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Fuente: GRAIN – Octubre 2013

Relevamiento y sistematizacion de problemas de tierra de los agricultores familiares en Argentina

relevamiento tierras2Territorios campesinos e indígenas pretendidos por el extractivismo

Por Darío Aranda

 

En Argentina existen al menos 9,3 millones de hectáreas de campesinos e indígenas que son pretendidas por el sector privado y estatal, según lo revela el primer informe oficial sobre conflictos rurales. La tierra en disputa equivale a 455 veces la superficie de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, son 857 casos y afecta a 63.843 familias. En la mitad de los casos, las familias campesinas e indígenas sufrieron violencia para que abandonen sus campos, el 64 por ciento de los conflictos comenzó en las últimas dos décadas y tiene relación con el modelo agropecuario. “Sin dudas que (el inicio de las disputas) debe leerse a la luz del cambio e innovación tecnológica y el impacto de la expansión de la frontera agrícola sobre los agricultores familiares”, afirma el estudio publicado por el Ministerio de Agricultura de la Nación.

“Relevamiento y sistematización de problemas de tierras de los agricultores familiares en Argentina” es el nombre formal del trabajo, de 96 carillas y realizado por la Subsecretaría de Agricultura Familiar de la Nación. Fechado en 2013, el trabajo remarca desde el inicio sus limitaciones: el conteo de casos fue realizado en sólo tres meses (de abril a junio de 2011) y aclara que es “una muestra amplia pero no representativa” de la conflictividad rural.

Pero recobra valor al ser el primer informe oficial. El NOA concentra la mayor cantidad de conflictos (28,2 por ciento). Le sigue la Patagonia (21,1), NEA (19,8), Centro (19,1) y Cuyo (11,7). Córdoba, Misiones, Santiago del Estero, Neuquén, Corrientes y Jujuy son las de mayores casos.

El 43,1 por ciento de los conflictos lleva entre uno y nueve años. El 20,9 por ciento entre diez y diecinueve años. La gran mayoría (77,6 por ciento) de los poseedores viven en el lugar desde hace más de 20 años y están amparados por el derecho veinteañal (quien vivió y cuidó la tierra por dos décadas, tiene derechos adquiridos). Aunque el Poder Judicial rara vez aplica ese derecho.

De los 857 casos relevados, 278 involucran a pueblos indígenas (32 por ciento). De ese total, sólo el 40 por ciento ya fue relevado en el marco de la Ley 26.160 (norma aprobada en 2006 que frena los desalojos judiciales y ordena un mapeo catastral).

El 49 por ciento de los casos se encuentra en tierras “privadas” (con algún particular o empresa) y el 34 por ciento en tierras fiscales (municipales, provinciales y nacionales). El 17 por ciento en tierras mixtas.

El trabajo estuvo a cargo de Karina Bidaseca. “Los números son claros y evidencian que el modelo de agronegocios avanza y atenta contra la vida campesina. Es imprescindible el acceso a la Justicia, el saneamiento de títulos y políticas estatales activas para que las familias puedan permanecer donde siempre vivieron”, explicó.

El 39 por ciento de los casos (331) se encuentra judicializado. “Los casos en los que se registran amenazas o presiones de desalojo superan ampliamente los casos judicializados”, afirma. Y detalla que en el 52,3 por ciento de los casos se registraron amenazas y presiones de desalojo. Salta, Jujuy, Santiago del Estero, Misiones, Neuquén y Río Negro encabezan el ranking de amenazas.

El relevamiento oficial afirma que los conflictos territoriales se “intensificaron con el gran crecimiento que registra la megaminería, el desarrollo del turismo” y la “aparición de nuevos propietarios” con títulos dudosos.

José Luis Castillo, de la Asamblea Campesina Indígena del Norte Argentino (Acina), estuvo en la presentación del informe. “Celebramos que por primera vez el Estado, mediante la Subsecretaría, haga un estudio sobre lo que denunciamos desde hace veinte años en los territorios, así que damos la bienvenida a ese relevamiento”, explicó y dio un paso más: “Ahora necesitamos que el mismo Estado accione de manera concreta para apoyar a la agricultura familiar, que el Gobierno deje de dar luz verde a los agronegocios que nos pisan la cabeza a los campesinos”.

“Ya sabemos cuál es la enfermedad, el agronegocio, ahora necesitamos políticas públicas que nos permitan producir, quedarnos en el campo y, algo bien básico, que no nos desalojen ni nos repriman”, reclamó Castillo. El informe oficial analiza la estructura agraria y su relación con la tenencia de la tierra. En base al Censo Agropecuario 2002 (el último realizado de manera completa), comparando el censo 1988, muestra que desaparecieron 85.000 explotaciones agropecuarias (20 por ciento del total). Y apunta a uno de los problemas centrales de la argentina rural: el 60 por ciento de las explotaciones agropecuarias más pequeñas no llegaba al cinco por ciento de las hectáreas. En tanto el diez por ciento de las explotaciones agropecuarias más grandes concentraba el 78 por ciento de la tierra.

El capítulo tres aborda el marco legal de los conflictos. “La situación vinculada a los desalojos que padecen las comunidades y familias campesinas implica una clara violación a los derechos constitucionalmente garantizados y reconocidos por los Pactos Internacionales de Derechos Humanos.” Y afirma la necesidad de una política redistributiva, reparto de tierras privadas que no cumplen su función social.

Entre las conclusiones se destaca la necesidad de políticas públicas para acabar con la “exclusión social en el campo” y hace hincapié en la necesidad de “abordar el saneamiento de títulos”. También cuestiona al Poder Judicial por la situación de “indefensión” de los agricultores familiares. Y recuerda que los movimientos campesinos exigen una reforma agraria, la cual supone “transformar las relaciones de poder económico y político responsables por la reproducción de la concentración agraria”.

* Artículo publicado el 22 de julio de 2013 en el diario Página12 con el título “Los conflictos por las tierras ajenas”.

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Las PASO 2013 y balance de la era K. Una lectura desde el ecologismo popular

dekadauyo

Por Horacio Machado Aráoz

(Colectivo Sumaj Kawsay – Universidad Nacional de Catamarca)
No nos confundimos. (Y pedimos) no nos confundamos. No hay nada que festejar; aunque tampoco demasiado que lamentar… Digo, no hay ninguna novedad que agreguen los resultados de las recientes elecciones PASO a los motivos (históricos, estructurales y coyunturales) de nuestros lamentos…
El modo como se ha planteado la derrota del kirchnerismo en las PASO no abre ningún motivo de alegría o expectativas positivas de cara al futuro, por más prudentes o moderadas que aquellas fueran. El panorama político del país –y que se ha venido gestando desde los últimos años- se presenta bastante más sombrío todavía hacia adelante, considerado, claro, desde las aspiraciones emancipatorias populares… Pues, en efecto, el massismo no es “más de lo mismo”… Es todavía peor que eso. Pero eso no es una ‘novedad’: las alternativas de ‘recambio por derecha’ (-extrema en este caso, para no ser injustamente generoso con el oficialismo)’, no son una fatalidad, sino el resultado previsible de un proceso político del que el kirchnerismo es un protagonista clave y con lo que, por tanto, ‘tiene algo (o bastante) que ver’, aunque, por cierto, no es el único responsable…(…)

Desmantelando recursos y herramientas sociopolíticas, culturales, económicas, epistémicas y jurídicas, ha terminado malversando ese capital político transformador de las rebeliones originarias del ciclo; lejos de potenciar alternativas poscapitalistas y poscoloniales, el kirchnerismo ha optado por la vieja vía del populismo neodesarrollista, pero esta vez, con su peor cara: no la del autonomismo periférico que ensaya una transformación industrialista de su matriz productiva y una mayor cohesión interna, con la reducción de las enormes e históricas asimetrías socioterritoriales y sectoriales; sino la de seguir los vientos del mercado mundial, apenas captando parte de las rentas extraordinarias generadas en la súper-explotación de la naturaleza para ensayar esquemas difusos y precarios de ‘redistribución’ del ingreso…

La ‘década ganada’ ha sido la de la mega-sojización, que intensificó la degradación de suelos y la exportación de agua y nutrientes; la de los desmontes a gran escala y el despojo en masa de comunidades originarias, campesinas y rurales; la de la inédita expansión de la minería transnacional a gran escala, es decir, el inicio del dinamitado de glaciares y la intoxicación de las cabeceras de las cuencas hídricas cordilleranas; en fin, la de la irresponsable dilapidación de las reservas hidrocarburíferas del país, cuyos costos estamos hoy evidenciando y que ponen en vilo a todo el aparato productivo del país. (…)

Modelo de ‘desarrollo con inclusión social’, ensayado por el oficialismo –y mayoritariamente apoyado por nuestra sociedad, hay que decirlo-; donde ‘desarrollo’ significa crecimiento impulsado por la entrega sacrificial del territorio y los bienes comunes, e ‘inclusión social’, remite a asimilación – resignación – participación (imperfecta, precaria, desigual) en la fiesta consumista que propone el capital, en su cara más ‘seductora’, que provoca estragos en las energías revolucionarias y opera como una gran planta de fabricación de subjetividades capitalistas; de colonización de los cuerpos en sus esferas más íntimas y complejas, la de los deseos, las emociones y los sentimientos…

Ante este panorama, desde una minúscula fracción de los movimientos del ecologismo popular de Nuestra América, pensamos y sentimos que el desarrollo es el nombre de la colonialidad. Que la crisis que atravesamos no es apenas una crisis económica, ni financiera, ni política; es una profunda crisis civilizatoria. Por eso, no queremos ni creemos en el “desarrollo” y menos aún en la “inclusión social”… Pues se trata justamente de resignarnos y asimilarnos a los parámetros y modos de ‘vida’ de una civilización enferma. Por eso, tanto el concepto de “inclusión social” como el de “redistribución del ingreso” son conceptos obsoletos; históricamente perimidos, al menos, como consignas políticas útiles para abrir caminos emancipatorios. Por eso hablamos de Buen Vivir.

Buen Vivir, no es asimilable ni equiparable a ‘desarrollo’; más bien, todo lo contrario. Buen Vivir significa reapropiar-nos colectivamente del trabajo, de sus medios y sus frutos; reapropiarnos políticamente de los procesos productivos y de los medios fundamentales de vida; re-crear la comunidad de vida como condición para producir históricamente la nueva era de la libertad…

Y claro, siempre teniendo presente que “la libertad, en este terreno, sólo puede consistir en que el hombre socializado, los productores libremente asociados, regulen racionalmente su intercambio de materias con la naturaleza, lo pongan bajo su control común en vez de dejarse dominar por él como por un poder ciego, y lo lleven a cabo con el menor gasto posible de energías y en las condiciones más adecuadas y más dignas de su naturaleza humana” (Karl Marx, El Capital, 1867).
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Fuente: Herramienta Web – Agosto de 2013

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