Transgénicos en la Argentina: Un negocio atendido por sus dueños

empresasPor Darío Aranda

 

Un organismo clave en la autorización de transgénicos está dominado por las empresas del agro y por científicos vinculados al sector privado. Monsanto, Syngenta, Ledesma y Dow, entre otras corporaciones, se ubican a ambos lados del mostrador. Los conflictos de intereses y el Estado cómplice.

Conabia (Comisión Nacional de Biotencología), una lista de nombres, apellidos y pertenencia institucional. Aunque son integrantes de un espacio oficial, la información no provino de ninguna oficina de gobierno (que esconde los nombres), sino del sector privado. En la lista figuran 47 personas. De ellas depende, en gran medida, la aprobación de transgénicos en Argentina. Y, paradoja, 27 de ellas son de las mismas empresas que impulsan el modelo transgénico o de científicos con estrechos lazos con las mismas empresas.

Desde la aprobación de la soja RR con uso de glifosato en 1996, el accionar de la Conabia siempre fue blanco de denuncias por organizaciones sociales y científicos no vinculados al sector privado. Desde los Gobiernos siempre relativizaron la incidencia empresaria pero también siempre ocultaron la nomina de integrantes y nunca precisaron la forma de funcionamiento de la Comisión. Mucho menos hacen públicas las actas y la forma de aprobar los pedidos empresarios. La Conabia aprobó más de 30 eventos transgénicos de maíz, soja y algodón.

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Voto calificado

votocalificadopor Darío Aranda

 

En Argentina se vota cada dos años. Desde 1983 a la fecha se realizaron siete elecciones presidenciales y, con la del próximo domingo, otras siete legislativas.
Los partidos que acumularán mayor cantidad de
votos (y que aspiran a la presidencia en 2015) hicieron campaña con temas que (quizá) reflejan a la sociedad: inseguridad, dólar, inflación y (mantener el) consumo. Y los ya clásicos (y siempre incumplidos) trabajo, salud y educación.
El modelo extractivo afecta a millones de personas, pero no se debate y no se plebiscita.
Curiosas piruetas del establishment político.
Elegido mediante el voto ciudadano, prohíbe a los mismos electores que voten contra las corporaciones, evitan que el pueblo decida su futuro.
Esquel y Loncopué son experiencias recientes. Funcionarios y corporaciones temen los malos ejemplos y el efecto contagio. Por eso evitaron Calingasta y Andalgalá. Por eso no permiten sufragar por represas en Misiones, por Monsanto en Córdoba y por Chevron (y el fracking) en Neuquén.
Tiempos de
votos calificados y democracias selectivas.
Derechos de sólo un domingo cada dos años.

 

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Fuente: ComAmbiental – 25/10/2013

Relevamiento y sistematizacion de problemas de tierra de los agricultores familiares en Argentina

relevamiento tierras2Territorios campesinos e indígenas pretendidos por el extractivismo

Por Darío Aranda

 

En Argentina existen al menos 9,3 millones de hectáreas de campesinos e indígenas que son pretendidas por el sector privado y estatal, según lo revela el primer informe oficial sobre conflictos rurales. La tierra en disputa equivale a 455 veces la superficie de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, son 857 casos y afecta a 63.843 familias. En la mitad de los casos, las familias campesinas e indígenas sufrieron violencia para que abandonen sus campos, el 64 por ciento de los conflictos comenzó en las últimas dos décadas y tiene relación con el modelo agropecuario. “Sin dudas que (el inicio de las disputas) debe leerse a la luz del cambio e innovación tecnológica y el impacto de la expansión de la frontera agrícola sobre los agricultores familiares”, afirma el estudio publicado por el Ministerio de Agricultura de la Nación.

“Relevamiento y sistematización de problemas de tierras de los agricultores familiares en Argentina” es el nombre formal del trabajo, de 96 carillas y realizado por la Subsecretaría de Agricultura Familiar de la Nación. Fechado en 2013, el trabajo remarca desde el inicio sus limitaciones: el conteo de casos fue realizado en sólo tres meses (de abril a junio de 2011) y aclara que es “una muestra amplia pero no representativa” de la conflictividad rural.

Pero recobra valor al ser el primer informe oficial. El NOA concentra la mayor cantidad de conflictos (28,2 por ciento). Le sigue la Patagonia (21,1), NEA (19,8), Centro (19,1) y Cuyo (11,7). Córdoba, Misiones, Santiago del Estero, Neuquén, Corrientes y Jujuy son las de mayores casos.

El 43,1 por ciento de los conflictos lleva entre uno y nueve años. El 20,9 por ciento entre diez y diecinueve años. La gran mayoría (77,6 por ciento) de los poseedores viven en el lugar desde hace más de 20 años y están amparados por el derecho veinteañal (quien vivió y cuidó la tierra por dos décadas, tiene derechos adquiridos). Aunque el Poder Judicial rara vez aplica ese derecho.

De los 857 casos relevados, 278 involucran a pueblos indígenas (32 por ciento). De ese total, sólo el 40 por ciento ya fue relevado en el marco de la Ley 26.160 (norma aprobada en 2006 que frena los desalojos judiciales y ordena un mapeo catastral).

El 49 por ciento de los casos se encuentra en tierras “privadas” (con algún particular o empresa) y el 34 por ciento en tierras fiscales (municipales, provinciales y nacionales). El 17 por ciento en tierras mixtas.

El trabajo estuvo a cargo de Karina Bidaseca. “Los números son claros y evidencian que el modelo de agronegocios avanza y atenta contra la vida campesina. Es imprescindible el acceso a la Justicia, el saneamiento de títulos y políticas estatales activas para que las familias puedan permanecer donde siempre vivieron”, explicó.

El 39 por ciento de los casos (331) se encuentra judicializado. “Los casos en los que se registran amenazas o presiones de desalojo superan ampliamente los casos judicializados”, afirma. Y detalla que en el 52,3 por ciento de los casos se registraron amenazas y presiones de desalojo. Salta, Jujuy, Santiago del Estero, Misiones, Neuquén y Río Negro encabezan el ranking de amenazas.

El relevamiento oficial afirma que los conflictos territoriales se “intensificaron con el gran crecimiento que registra la megaminería, el desarrollo del turismo” y la “aparición de nuevos propietarios” con títulos dudosos.

José Luis Castillo, de la Asamblea Campesina Indígena del Norte Argentino (Acina), estuvo en la presentación del informe. “Celebramos que por primera vez el Estado, mediante la Subsecretaría, haga un estudio sobre lo que denunciamos desde hace veinte años en los territorios, así que damos la bienvenida a ese relevamiento”, explicó y dio un paso más: “Ahora necesitamos que el mismo Estado accione de manera concreta para apoyar a la agricultura familiar, que el Gobierno deje de dar luz verde a los agronegocios que nos pisan la cabeza a los campesinos”.

“Ya sabemos cuál es la enfermedad, el agronegocio, ahora necesitamos políticas públicas que nos permitan producir, quedarnos en el campo y, algo bien básico, que no nos desalojen ni nos repriman”, reclamó Castillo. El informe oficial analiza la estructura agraria y su relación con la tenencia de la tierra. En base al Censo Agropecuario 2002 (el último realizado de manera completa), comparando el censo 1988, muestra que desaparecieron 85.000 explotaciones agropecuarias (20 por ciento del total). Y apunta a uno de los problemas centrales de la argentina rural: el 60 por ciento de las explotaciones agropecuarias más pequeñas no llegaba al cinco por ciento de las hectáreas. En tanto el diez por ciento de las explotaciones agropecuarias más grandes concentraba el 78 por ciento de la tierra.

El capítulo tres aborda el marco legal de los conflictos. “La situación vinculada a los desalojos que padecen las comunidades y familias campesinas implica una clara violación a los derechos constitucionalmente garantizados y reconocidos por los Pactos Internacionales de Derechos Humanos.” Y afirma la necesidad de una política redistributiva, reparto de tierras privadas que no cumplen su función social.

Entre las conclusiones se destaca la necesidad de políticas públicas para acabar con la “exclusión social en el campo” y hace hincapié en la necesidad de “abordar el saneamiento de títulos”. También cuestiona al Poder Judicial por la situación de “indefensión” de los agricultores familiares. Y recuerda que los movimientos campesinos exigen una reforma agraria, la cual supone “transformar las relaciones de poder económico y político responsables por la reproducción de la concentración agraria”.

* Artículo publicado el 22 de julio de 2013 en el diario Página12 con el título “Los conflictos por las tierras ajenas”.

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Cristina y los Qom, “en la vida hay que elegir”

cfkPor Darío Aranda

 

La Presidenta, las elecciones, Insfrán, el extractivismo, la violación de derechos, los asesinatos de indígenas y campesinos. “Esto es el ocultamiento y la distorsión permanente… acá lo diviso a Gildo Insfrán, y esto va para propios y extraños. Me entero (ayer) de que en la comunidad qom de La Primavera (…) habíamos ganado con el 66 por ciento de los votos. La verdad que Gildo te lo hago como un reconocimiento ante tanta mentira y tanta distorsión”, celebró la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y dio el golpe más bajo: “Los qom no viven en la televisión ni en la radios ni los diarios, los qom no viven en conferencias de prensa, en la avenida 9 de Julio, ahí no viven”.

Es difícil encontrar registro de una situación similar: un Presidente de Argentina refiriéndose en esos términos (sarcásticos, violentos, hirientes) sobre un pueblo (y un líder) indígena. Es una relación de fuerzas muy desigual.

Gobernadores, funcionarios y militantes celebraron los dichos presidenciales. Y aplaudieron.

 

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Fuente Darío Aranda – 15/08/2013

Producción de Soya en el Cono Sur de las Américas: Actualización Sobre el Uso de Tierras y Pesticidas

informe soyaPor

Georgina Catacora-Vargas (GenØk – Centro para la Bioseguridad, Noruega)

Pablo Galeano (REDES-AT / Amigos de la Tierra, Uruguay)

Sarah Zanon Agapito-Tenfen (Laboratorio de Fisiología del Desarrollo y Genética Vegetal. Departamento de Ciencias Vegetales. Universidad Federal de Santa Catarina, Brasil)

Darío Aranda (Periodista independiente, Argentina)

Tomás Palau (BASE – Investigación Social (BASE-IS), Paraguay)

Rubens Onofre Nodari (Laboratorio de Fisiología del Desarrollo y Genética Vegetal. Departamento de Ciencias Vegetales. Universidad Federal de Santa Catarina, Brasil)

 

América del Sur es la región que registra el crecimiento más acelerado de la producción de soya a nivel mundial. Durante los últimos 40 años, su área de producción ha incrementado en 30 veces. En 1978 la superficie sembrada con soya en América del Sur superó la existente en Asia, y en el 2003, la de América del Norte. La introducción de variedades genéticamente modificadas (GM) en la región ha marcado una nueva fase de expansión en la producción de soya. Desde la primera aprobación de las variedades GM en 1996, el área sembrada con esta oleaginosa ha aumentado en 25 millones de hectáreas en 14 años (de 1996 a 2009). En el 2010, en Sud América se sembró un total aproximado de 47 millones de hectáreas.

La mayoría de la producción de soya en Sud América se produce en los países de la  subregión del Cono Sur, específicamente en Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay. La más amplia extensión de este cultivo se encuentra en Brasil (50% del total subregional). Tan sólo en Argentina y Brasil se ubica el 90% de la superficie sembrada con soya en el Cono Sur. La participación sudamericana en la producción mundial de soya fue del 43% (94.91 millones de toneladas) en el 2009.

La expansión del área con soya ha seguido dos patrones: i) Ocupación de grandes porciones de tierra arable mediante la sustitución o desplazamiento de otros cultivos o actividades agropecuarias, y ii) cambio del uso de la tierra, específicamente de bosques u otros hábitats naturales a monocultivo de soya, con o sin sustitución de otros cultivos o actividades agrícolas.

La expansión de la superficie con soya en el Cono Sur ha estado acompañada por un incremento en el uso de pesticidas, especialmente de herbicidas y particularmente del herbicida glifosato. En Argentina, por ejemplo, los volúmenes de glifosato aplicados en el 2000 incrementaron en 3.8 veces con relación al año anterior, alcanzando un total de 101 millones de litros.

Este reporte tiene por objetivo contribuir a una mejor comprensión de las implicaciones de la producción de soya. Para dicho propósito, éste compila y analiza información primaria sobre el uso de tierras y pesticidas en los principales países productores de soya del Cono Sur de las Américas; es decir Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay.

 

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Resolución 284 del Concejo Superior de la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC)

campo de sojaLa Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC) cuestionó la llegada de la multinacional Monsanto a Córdoba y alertó sobre los efectos sociales, ambientales y sanitarios del modelo agropecuario. “(La Universidad) expresa públicamente el desacuerdo respecto de la instalación de las empresas multinacionales del monopolio del agronegocio, en particular Monsanto, en Río Cuarto”, advierte en el artículo séptimo de la resolución 284, aprobada por el Consejo Superior por amplia mayoría. Monsanto había anunciado en junio pasado la instalación de una planta se semillas en Malvinas Argentinas (en el Gran Córdoba) y dos estaciones experimentales (Río Cuarto y Tucumán). De inmediato comenzó la movilización, y rechazo, de asambleas cordobesas. “Que la universidad pública, con todas las ramas de la ciencia y con estudios en mano, cuestione a Monsanto y sobre todo al modelo agropecuario extractivo es un claro respaldo a las luchas sociales y a la necesidad de un modelo distinto”, celebró Jorge Torres, de la Asamblea por un Río Cuarto sin Agrotóxicos.

En pleno juicio por fumigaciones en el Barrio Ituzaingó Anexo (que terminó con dos condenados), el Gobierno anunció la instalación de las tres plantas de Monsanto en Argentina. Las organizaciones nucleadas en la Campaña Paren de Fumigar comenzaron una campaña de denuncia a la empresa y a las consecuencias del modelo agropecuario. Nacieron la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida y la Asamblea por un Río Cuarto sin Agrotóxicos. En ambos casos se realizaron masivas movilizaciones contra la instalación de la multinacional.

La Universidad Nacional de Río Cuarto, ubicada en pleno corazón sojero del país, apuntó en su Resolución 284 no solo a Monsanto: “El modelo (agropecuario) acentúa gravemente los procesos de concentración de riquezas (…) Existe una profunda y creciente desaparición de productores pequeños y medianos, generando año a año tanto explotaciones más grandes como aquellas conocidas como pooles de siembra, que minimizan la participación de la mano de obra en la obtención del producto y optimizan la oportunidad de inversión financiera, convirtiendo a la actividad agropecuaria en un instrumento de especulación financiera”.

(Darío Aranda)

 

Descargar completa la Resolución 284 del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC)

Formosa: la democracia ausente

celestinaPor Darío Aranda.

 

 

Una beba qom y su abuela murieron luego ser atropelladas por un gendarme. Ambas son de la comunidad La Primavera. Denuncian que “no fue un accidente” y apuntan a la disputa por el territorio. Los derechos humanos nunca llegan a los pueblos indígenas.

Lila, de 10 meses, y Celestina, su abuela, de 49 años. Las nuevas víctimas que se suman a la lista de asesinatos indígenas. Ambas fueron atropelladas por un gendarme el domingo a la siesta, en la ruta 86, Formosa. Celestina murió en el momento, sobre el asfalto. Lila falleció el mediodía de ayer. Ambas qom de la comunidad Potae Napocna Navogoh (La Primavera), el epicentro de la represión desde hace dos años, cuando decidieron hacer respetar sus derechos y no alinearse al gobernador Gildo Insfrán. Ricardo Coyipé, también atropellado, denunció que “no fue accidente, lo hizo a propósito” y precisó que el gendarme –lejos de auxiliarlo– lo pateó en el piso y amenazó para que no realice la denuncia. Coyipé es un reconocido defensor de los derechos qom. “Me pegó, me puteó, me dijo que era un indio de mierda. Y mi nietita estaba ahí, agonizando”, denunció Coyipé. La comunidad aseguró que el trasfondo es la disputa territorial.

El 10 de diciembre se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos. Y, en Argentina, se celebra la asunción de un Presidente elegido democráticamente porque un 10 de diciembre de 1983 asumió Raúl Alfonsín.

En ese marco, Félix Díaz recibió ayer un reconocimiento en la Universidad Nacional de San Luis. Y volvió de urgencia a Formosa. Recordó que existe una medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que insta al Estado argentino a garantizar la integridad de los miembros de la comunidad. Díaz recordó que existen “muchas leyes, pero no se cumplen”, apuntó que los “jueces solo actúan para reprimirnos” y afirmó que el gobierno nacional “no cumplió ninguno de los puntos acordados” en 2011 en la Mesa de Diálogo (con los organismos de derechos humanos como garantes).

Díaz marcó que era un “muy triste” para el Pueblo Qom y esbozó que debiera ser “un día triste también para toda la sociedad argentina”. Repasó de memoria los últimos asesinatos de indígenas y campesinos, y lamentó: “A nosotros no nos llega aún los logros de la democracia. Nuestra sangre se derrama por defender el territorio, los culpables no van a la cárcel y nuestros derechos humanos no se cumplen”.

 

 

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Fuente: Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígena – www.odhpi.org y Cooperativa Lavaca – www.lavaca.org – 10/12/2012

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