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Chupate esta Tecnociencia

ogm mundialpor Andrés Carrasco

Por primera vez en la historia los humanos se encuentran técnicamente habilitados para intervenir el genoma, alterando, modificando, agregando, o retirando información de la base genética de los organismos vivos. Estamos ante un salto revolucionario de imprevisibles consecuencias, no solo en la diversidad biológica del planeta sino en relación con el equilibrio evolutivo.

El discurso científico que legitima el uso de los Organismos Genéticamente Modificados (OGM) pertenece esencialmente a la biología molecular, por ser el cuerpo de conocimiento que permite la manipulación de la estructura de los genes con el objeto de producir ciertos efectos deseados en los fenotipos. Pero el marco teórico de la investigación que produce OGM no está en condiciones de decir nada acerca de las modalidades de su uso, ni de los “efectos colaterales” sobre la salud y el medio ambiente.

Nos estamos ahorrando la reflexión social capaz de determinar si vale la pena aplicar esta tecnología, si es deseable alterar los tiempos evolutivos naturales de las especies, y si estamos dispuestos a violar el derecho de la naturaleza introduciendo cuerpos extraños en ella.

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Fuente: Revista Crisis nro.16 – Nov / Dic de 2013

 

Voto calificado

votocalificadopor Darío Aranda

 

En Argentina se vota cada dos años. Desde 1983 a la fecha se realizaron siete elecciones presidenciales y, con la del próximo domingo, otras siete legislativas.
Los partidos que acumularán mayor cantidad de
votos (y que aspiran a la presidencia en 2015) hicieron campaña con temas que (quizá) reflejan a la sociedad: inseguridad, dólar, inflación y (mantener el) consumo. Y los ya clásicos (y siempre incumplidos) trabajo, salud y educación.
El modelo extractivo afecta a millones de personas, pero no se debate y no se plebiscita.
Curiosas piruetas del establishment político.
Elegido mediante el voto ciudadano, prohíbe a los mismos electores que voten contra las corporaciones, evitan que el pueblo decida su futuro.
Esquel y Loncopué son experiencias recientes. Funcionarios y corporaciones temen los malos ejemplos y el efecto contagio. Por eso evitaron Calingasta y Andalgalá. Por eso no permiten sufragar por represas en Misiones, por Monsanto en Córdoba y por Chevron (y el fracking) en Neuquén.
Tiempos de
votos calificados y democracias selectivas.
Derechos de sólo un domingo cada dos años.

 

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Fuente: ComAmbiental – 25/10/2013

Relevamiento y sistematizacion de problemas de tierra de los agricultores familiares en Argentina

relevamiento tierras2Territorios campesinos e indígenas pretendidos por el extractivismo

Por Darío Aranda

 

En Argentina existen al menos 9,3 millones de hectáreas de campesinos e indígenas que son pretendidas por el sector privado y estatal, según lo revela el primer informe oficial sobre conflictos rurales. La tierra en disputa equivale a 455 veces la superficie de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, son 857 casos y afecta a 63.843 familias. En la mitad de los casos, las familias campesinas e indígenas sufrieron violencia para que abandonen sus campos, el 64 por ciento de los conflictos comenzó en las últimas dos décadas y tiene relación con el modelo agropecuario. “Sin dudas que (el inicio de las disputas) debe leerse a la luz del cambio e innovación tecnológica y el impacto de la expansión de la frontera agrícola sobre los agricultores familiares”, afirma el estudio publicado por el Ministerio de Agricultura de la Nación.

“Relevamiento y sistematización de problemas de tierras de los agricultores familiares en Argentina” es el nombre formal del trabajo, de 96 carillas y realizado por la Subsecretaría de Agricultura Familiar de la Nación. Fechado en 2013, el trabajo remarca desde el inicio sus limitaciones: el conteo de casos fue realizado en sólo tres meses (de abril a junio de 2011) y aclara que es “una muestra amplia pero no representativa” de la conflictividad rural.

Pero recobra valor al ser el primer informe oficial. El NOA concentra la mayor cantidad de conflictos (28,2 por ciento). Le sigue la Patagonia (21,1), NEA (19,8), Centro (19,1) y Cuyo (11,7). Córdoba, Misiones, Santiago del Estero, Neuquén, Corrientes y Jujuy son las de mayores casos.

El 43,1 por ciento de los conflictos lleva entre uno y nueve años. El 20,9 por ciento entre diez y diecinueve años. La gran mayoría (77,6 por ciento) de los poseedores viven en el lugar desde hace más de 20 años y están amparados por el derecho veinteañal (quien vivió y cuidó la tierra por dos décadas, tiene derechos adquiridos). Aunque el Poder Judicial rara vez aplica ese derecho.

De los 857 casos relevados, 278 involucran a pueblos indígenas (32 por ciento). De ese total, sólo el 40 por ciento ya fue relevado en el marco de la Ley 26.160 (norma aprobada en 2006 que frena los desalojos judiciales y ordena un mapeo catastral).

El 49 por ciento de los casos se encuentra en tierras “privadas” (con algún particular o empresa) y el 34 por ciento en tierras fiscales (municipales, provinciales y nacionales). El 17 por ciento en tierras mixtas.

El trabajo estuvo a cargo de Karina Bidaseca. “Los números son claros y evidencian que el modelo de agronegocios avanza y atenta contra la vida campesina. Es imprescindible el acceso a la Justicia, el saneamiento de títulos y políticas estatales activas para que las familias puedan permanecer donde siempre vivieron”, explicó.

El 39 por ciento de los casos (331) se encuentra judicializado. “Los casos en los que se registran amenazas o presiones de desalojo superan ampliamente los casos judicializados”, afirma. Y detalla que en el 52,3 por ciento de los casos se registraron amenazas y presiones de desalojo. Salta, Jujuy, Santiago del Estero, Misiones, Neuquén y Río Negro encabezan el ranking de amenazas.

El relevamiento oficial afirma que los conflictos territoriales se “intensificaron con el gran crecimiento que registra la megaminería, el desarrollo del turismo” y la “aparición de nuevos propietarios” con títulos dudosos.

José Luis Castillo, de la Asamblea Campesina Indígena del Norte Argentino (Acina), estuvo en la presentación del informe. “Celebramos que por primera vez el Estado, mediante la Subsecretaría, haga un estudio sobre lo que denunciamos desde hace veinte años en los territorios, así que damos la bienvenida a ese relevamiento”, explicó y dio un paso más: “Ahora necesitamos que el mismo Estado accione de manera concreta para apoyar a la agricultura familiar, que el Gobierno deje de dar luz verde a los agronegocios que nos pisan la cabeza a los campesinos”.

“Ya sabemos cuál es la enfermedad, el agronegocio, ahora necesitamos políticas públicas que nos permitan producir, quedarnos en el campo y, algo bien básico, que no nos desalojen ni nos repriman”, reclamó Castillo. El informe oficial analiza la estructura agraria y su relación con la tenencia de la tierra. En base al Censo Agropecuario 2002 (el último realizado de manera completa), comparando el censo 1988, muestra que desaparecieron 85.000 explotaciones agropecuarias (20 por ciento del total). Y apunta a uno de los problemas centrales de la argentina rural: el 60 por ciento de las explotaciones agropecuarias más pequeñas no llegaba al cinco por ciento de las hectáreas. En tanto el diez por ciento de las explotaciones agropecuarias más grandes concentraba el 78 por ciento de la tierra.

El capítulo tres aborda el marco legal de los conflictos. “La situación vinculada a los desalojos que padecen las comunidades y familias campesinas implica una clara violación a los derechos constitucionalmente garantizados y reconocidos por los Pactos Internacionales de Derechos Humanos.” Y afirma la necesidad de una política redistributiva, reparto de tierras privadas que no cumplen su función social.

Entre las conclusiones se destaca la necesidad de políticas públicas para acabar con la “exclusión social en el campo” y hace hincapié en la necesidad de “abordar el saneamiento de títulos”. También cuestiona al Poder Judicial por la situación de “indefensión” de los agricultores familiares. Y recuerda que los movimientos campesinos exigen una reforma agraria, la cual supone “transformar las relaciones de poder económico y político responsables por la reproducción de la concentración agraria”.

* Artículo publicado el 22 de julio de 2013 en el diario Página12 con el título “Los conflictos por las tierras ajenas”.

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Alternativas al Capitalismo – Colonialismo del Siglo XXI

??????????????Por Grupo Permanente de Trabajo sobre Alternativas al Desarrollo

 

El aparato mediático privado y los discursos oficialistas coinciden en este punto: son excelentes voceros del viejo credo de Margaret Thatcher: There is no alternative. No hay alternativa al extractivismo, no hay alternativa a la modernización bajo parámetros occidentales, no hay alternativa a la democracia representativa que se limita a lo electoral, no hay alternativa al formato actual de globalización con su derroche insensato de energía y recursos, ni a las guerras por materias primas. O si es que hubiera alternativa, se nos hace creer que es o un modelo anglosajón neoliberal o un capitalismo autoritario como China, con algunos elementos neokeynesianos, quizás. Nos enfrentamos a un cartel de opinión sumamente poderoso, cuya hegemonía está, sin duda, más que afirmada. Y lo más perverso es que el discurso dominante nos vende sus actos como acciones para “erradicar a la pobreza”, mientras producen, sistemáticamente, nueva pobreza: pobreza por desplazamiento; pobreza por desposesión; pobreza por migración forzada; pobreza por contaminación ambiental y secuelas en la salud; pobreza porque personas que antes se abastecían, aunque modestamente, con su pedazo de tierra, ahora pasan a depender de las prestaciones concedidas por el Estado, al menos mientras dure la bonanza de los precios de las materias primas. No solamente se les despoja de la tierra, sino de su independencia y dignidad, de su capacidad de decisión, de su contexto social y político. Después, esta gente será simplemente pobre, y más pobre que antes.

Lo que se nos ofrece es participar de una narrativa colonizadora, modernizadora, homogenizadora, invisibilizadora de lo diferente. Se nos promete un futuro como clientes –del mercado y, al mismo tiempo, del gobierno de turno, por lo general– sin demasiada capacidad de decisión; pero eso sí, rodeados de pantallas parpadeantes –televisores, tablets, celulares– que nos permiten pasar el tiempo de forma entretenida, sin enterarnos tanto de lo que sucede alrededor. Mucha gente, sin duda, está contenta con estas nuevas posibilidades de consumo, con formar parte finalmente de un mundo del que históricamente era excluida, y nunca ha considerado que esto pudiera conllevar un problema para sus hijos y nietos. Lo que perdemos, muchas veces es menos palpable que lo que compramos, pero no menos importante.

Pensamos que es fundamental replantear, más allá de los indicadores usuales, qué es lo que entendemos por pobreza; y qué, por riqueza. Reformular cómo queremos vivir; enfrentar la centralidad del consumo; revalorar las relaciones sociales, la convivencia, el espacio público, lo espiritual, nuestros bienes comunes, nuestra capacidad de tomar decisiones informadas y de controlar los territorios en los que vivimos. Revalorar la Naturaleza, cuya existencia es una condición necesaria para la nuestra, por más que esto no se perciba en el día a día de la ciudad.

¿Cómo queremos vivir entonces? ¿A qué queremos conceder valor? Es el gran mérito de los debates sobre el Buen Vivir haber replanteado esta pregunta.
Fuente: Fundación Rosa Luxemburgo / Ediciones Abya Yala – julio 2013
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«Consenso de los Commodities» y lenguajes de valoración en América Latina

commoditiespor Maristella Svampa

 

El «Consenso de los Commodities» subraya el ingreso de América Latina en un nuevo orden económico y político-ideológico, sostenido por el boom de los precios internacionales de las materias primas y los bienes de consumo demandados cada vez más por los países centrales y las potencias emergentes. Este orden va consolidando un estilo de desarrollo neoextractivista que genera ventajas comparativas, visibles en el crecimiento económico, al tiempo que produce nuevas asimetrías y conflictos sociales, económicos, ambientales y político-culturales.

Tal conflictividad marca la apertura de un nuevo ciclo de luchas, centrado en la defensa del territorio y del ambiente, así como en la discusión sobre los modelos de desarrollo y las fronteras mismas de la democracia.

Nos interesa subrayar que, más allá de las diferencias entre los regímenes políticos hoy existentes, el «consenso» sobre el carácter irresistible de la inflexión extractivista terminaría por funcionar como un umbral u horizonte histórico-comprensivo respecto de la producción de alternativas y suturaría así la posibilidad misma de un debate. La aceptación –tácita o explícita– de tal «consenso» contribuye a instalar un nuevo escepticismo o ideología de la resignación que refuerza, en el límite, la «sensatez y razonabilidad» de un capitalismo progresista, al imponer la idea de que no existirían otras alternativas al actual estilo de desarrollo extractivista. En consecuencia, todo discurso crítico u oposición radical terminaría por instalarse en el campo de la antimodernidad o la negación del progreso, o simplemente en el de la irracionalidad y el fundamentalismo ecologista.

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Fuente: Revista Nueva Sociedad – nro.244 Marzo/Abril 2013

Informe de Situación de los DDHH de los Pueblos Indígenas en la Patagonia 2013

tapa 2012Por Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas

El Informe 2013 del ODHPI puntualiza en la situación de los pueblos indígenas de la Patagonia. Avanzada territorial (petrolera, minera y de estancieros), criminalización de la lucha de las comunidades y la responsabilidad del Poder Judicial y político. Advierten que el proyecto de nuevo Código Civil provocará más desalojos de comunidades originarias.

“Se siguen perpetrando acciones estatales y privadas más propias de un contexto de colonización que de democracia (…) Los antiguos atropellos se han convertido hoy en violaciones a los derechos humanos”, afirma el ODHPI y apunta como causante, en parte, al “modelo económico impulsado y profundizado, tanto a nivel nacional como en los gobiernos provinciales, que pone el centro en la explotación de los recursos naturales para su exportación o para garantizar las ganancias exorbitantes de las empresas extractivas”.

Remarca las consecuencias en la Patagonia de la actividad petrolera y minera, afirma que “los Pueblos Indígenas recuerdan que las consecuencias del colonialismo persisten a pesar de la descolonización” y subraya como “lo más grave” es que las violaciones a los derechos humanos de los pueblos indígenas se producen con “el impulso del Gobierno, la inhibición de la legislatura y el respaldo de la Justicia”.

 

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Fuente ODHPI – 10/04/2013

Monitoreo de la Superficie de Bosque Nativo de la República Argentina (2006/2011)

desmontePor Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación (SAyDS)

 

Los bosques nativos argentinos están retrocediendo a un ritmo alarmante, a pesar de que la Ley de Bosques (26.331) prohíbe la tala indiscriminada en casi todo el país. Sólo en los últimos dos años, de acuerdo con este informe oficial de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAyDS), se perdieron más de un millón de hectáreas.

“Monitoreo de la Superficie de Bosque Nativo de la República Argentina” fue llevado a cabo por la Dirección de Bosques de la SAyDS, “evidencia un aumento de la deforestación a pesar de la prohibición de desmontar estipulada en el artículo 8 de la ley”.

En las tres regiones forestales analizadas, que concentran el 85% de los bosques nativos del país –el parque chaqueño, la selva misionera y la selva tucumano-boliviana–, durante el período 2006-2011, la deforestación fue superior en un 50% al período 1998-2002, cuando la ley todavía no existía.

La Ley Nacional de Bosques se aprobó a fines de 2007, y se reglamentó recién en abril de 2009 (vigente desde entonces); establece zonas de alta concentración de biodiversidad en las que se impide la tala. El informe de la SAyDS focaliza también en los millones erogados para proteger a los bosques. El Fondo Nacional de la Ley estableció partidas para que las provincias pudieran aplicar la norma.

Durante el período analizado, en Santiago del Estero se desmontaron 453.551 hectáreas, en Salta 236.246, en Formosa 129.603, en Chaco 110.889, en San Luis 37.483, en Misiones 21.406, en Tucumán 18.478 y en Catamarca 12.164.

 

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Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación (SAyDS) – Junio de 2012