Fracturando limites. Argentina: El desembarco del fracking

tapa fracturando límitesPor Observatorio Petrolero Sur

(con el apoyo de Amigos de la Tierra)

RESUMEN

 

El boom de los hidrocarburos no convencionales (HNC)1 acarreó una modificación geopolítica inusitada del petróleo y el gas. A partir de la experiencia norteamericana, iniciada en la década pasada, diversos países han impulsado medidas en pos de valorizar esta enorme masa de recursos en épocas donde la producción de crudo convencional se ha estancado. La forma en que este boom impacta en Argentina es más que relevante ya que, según la Agencia de Información Energética (EIA) de EE.UU., este país es potencia global en recursos de shale: segundo en gas y cuarto en petróleo. Asimismo, la formación Vaca Muerta está sindicada por la misma agencia como el play de mejor potencial por fuera de Norte América.

Esto ha provocado que en los últimos años majors del sector pongan foco en el norte de la Patagonia. Chevron, Shell, ExxonMobil, Total, Wintershall, Petrobras y otras, han avanzado en diferentes proyectos mientras nuevos anuncios surgen día a día. Los múltiples actores, fuertemente concentrados, han presionado por cambios en el marco jurídico que impactan necesariamente en el bienestar público y de la población local, los trabajadores y el ambiente.

Por otro lado, las crecientes importaciones de combustibles en Argentina por la caída estrepitosa de la producción hidrocarburífera convencional, condujo a la nacionalización parcial de YPF, la mayor petrolera del país. La injerencia del Estado potenció el vuelco sobre los HNC en alianza tecnológica y financiera con transnacionales a fin de perpetuar una matriz energética basada, casi en su totalidad, en combustibles fósiles.

Este avance fue posibilitado por vacíos normativos y falta de capacidad regulatoria del Estado frente a la introducción a escala masiva del paquete tecnológico conocido como fracking, otorgando mayores facilidades a petroleras como Total, Chevron y Shell – empresas sobre la que éste informe se enfocará. En este sentido, el avance de los HNC tuvo un correlato en reformas que restringen la consulta pública y la participación popular. Asimismo, su impulso fue acompañado por violaciones a los derechos colectivos ambientales e indígenas, incluso avanzando en áreas naturales protegidas. Este movimiento se impone con violencia implícita y explícita que suprimen búsquedas genuinas de alternativas energéticas y autodeterminación de la población. Estos primeros desarrollos en la Argentina reflejan el patrón destructivo y contaminante de la industria al emplear numerosos químicos, muchos de ellos tóxicos, generar grandes cantidades de peligrosa y altamente contaminada agua de retorno (residual) y ocupar importantes extensiones de tierra. Esto tiene un impacto perjudicial sobre poblaciones locales ya que dichas operaciones pueden dañar el ambiente circundante y la salud de las personas, incrementar la competencia por el acceso al agua y la tierra, destruir economías regionales, dañar infraestructura y afectar la cultura local.

Los puntos clave que hemos encontrado a partir de la investigación son los siguientes:
• El sector hidrocarburífero ha capturado el debate político: a fin de garantizar sus inversiones, las compañías multinacionales han presionado y extorsionado autoridades nacionales y regionales para obtener beneficios que van en contra del bienestar general (incremento de precios y subsidios, reducción de impuestos y renta percibida por el Estado, extensión de los períodos de concesión).
• Hay perforaciones en áreas naturales protegidas: Total y Shell están usando vacíos legales para perforar en áreas naturales protegidas, donde esta actividad no estaría permitida.
• Los organismos públicos a cargo de monitorear los HNC cuentan con baja cantidad de empleados y su trabajo se encuentra precarizado. Cuando sus opiniones son contrarias a los proyectos o señalan la baja calidad ambiental de las compañías son amenazados con medidas administrativas. En este sentido, algunas concesiones han sido entregadas a Total en contra de las recomendaciones de los trabajadores de la Dirección de Áreas Naturales Protegidas.
• Los contratos entre Chevron e YPF (parcialmente pública) son secretos: autoridades regionales y nacionales no tienen un conocimiento acabado y completo del contrato firmado, hecho a medida de Chevron. Este conducirá a la perforación de 1562 pozos y se realizó sin consultar a las comunidades indígenas.
• La actividad está rodeada bajo procesos secretos: A los informes ambientales realizados por las compañías no pueden ni siquiera acceder los organismos competentes. Las comunidades locales no fueron consultadas previamente a las operaciones ni los crianceros locales han sido compensados por la degradación ambiental directa de sus territorios. Shell y Total, entre otras, han comunicado pobremente las técnicas usadas en la perforación como también los químicos utilizados y la gestión de residuos aplicada.
• Regulación e información ambiental laxa: Los informes ambientales realizados por las compañías (Total en particular) están llenos de inconsistencias; llegando a mencionar fauna y flora que ni siquiera existe en las concesiones. Los daños ambientales observados y señalados por los organismos públicos nunca fueron remediados por las empresas (Total en particular).

Frente a estos hechos un número importante de organizaciones han impulsado diferentes iniciativas que buscan poner freno las apetencias empresariales. El hecho no es algo nuevo sino una realidad que se retrotrae ya a la explotación convencional, evidente en los pasivos ambientales que dejó la industria en los 100 años de explotación, pero que hoy adquiere escalas mayores. De esta forma, las demandas ciudadanas se han enfocado en el riesgo ambiental, en la insignificante apropiación local de la renta obtenida, en la falta de participación y consulta y en la pérdida de la soberanía. Las resistencias han escalado a nivel nacional y hoy en día más de 30 regiones se han declarado como ‘libres de fracking’.

 

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La mirada del jaguar. Introducción al perspectivismo amerindio

Viveiros de CastroEntrevista a Eduardo Viveiros de Castro

veía aquel aspecto político de la vida indígena, un aspecto fundamentalmente rebelde, insurrecto, vis-à-vis con el estado. Esa incapacidad de totalizar. Lo que suelen denominar como “primitivo”, es justamente esa imposibilidad que ella se ofrece a sí misma de transformarse en totalidad. Esa dificultad de totalización, que es intrínseca a estas sociedades, yo la considero su secreto más profundo.”

la izquierda clásica es completamente alérgica a la diferencia. La izquierda que quiere al estado, en los dos sentidos de la palabra querer, en el sentido que quiere tomar el poder y que considera que el poder es bueno, tiene una dificultad congénita para pensar la diferencia. Toda diferencia que no sea reductible a la gran diferencia es vista como obstáculo, como algo que tiene que ser superado, como algo que es falso, que es secundario, que es superficial.”

Fue mi involucramiento con esa izquierda existencial, llamémosla así, lo que me hizo percibir que hay algo además de la lucha de clases en el mundo político, otras luchas y otras diferencias que no eran reductibles a la lucha de clases: diferencias de género, opción sexual, étnicas, inasimilables al binarismo macizo de la oposición burguesía/proletariado y al esquematismo de la teoría revolucionaria que existía en aquella época. (…)”

 

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Fuente: Ediciones Tinta Limón

El periodismo según Monsanto

malcomidostapaPor Soledad Barruti

 

Cuidate —me dijo una científica cuando le conté lo que me había pasado—. La táctica de Monsanto es siempre la misma: primero intentan con la seducción, si no funciona te difaman y si seguís molestándolos, te demandan.

Hacía un mes que mi libro, Malcomidos, estaba en la calle: en 465 páginas dice Monsanto sólo 27 veces. Sobre la empresa en particular no cuenta nada que no se haya contado antes: que la compañía ingresó a nuestro país hace 50 años como una empresa de plásticos y que en 1996, aprovechando la plataforma menemista de ensordecimiento público, se consolidó para instalar su experimento de cultivos transgénicos a campo abierto y en la comida de todos. Que logró la aprobación de sus productos sin siquiera traducir sus estudios, cuando (salvo Estados Unidos) ningún otro país parecía querer abrirle la puerta. Que los dos caballitos de batalla de la producción transgénica que impulsaban se habían ido cayendo a fuerza de realidad: ni había menos hambrientos en el mundo (la cifra coquetea año a año entre los 800 y mil millones), ni los cultivos eran menos tóxicos que los no transgénicos (se usan cada vez más plaguicidas para trabajar esos campos por la resistencia que ganan las malezas e insectos). Para escribir eso no necesitaba una entrevista con Monsanto. Además, estaba segura de que no me la habrían dado. La empresa no da entrevistas salvo a medios y periodistas aliados.

Y sin embargo, el mensaje.

Hola Soledad. Quería contactarte y no encontré otro medio más que este. Trabajo en Monsanto. Me gustaría conversar con vos sobre transgénicos y agroquímicos. Intercambiar opiniones y fuentes. Simplemente eso. Muchas gracias” (…)

 

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Fuente: Revista Anfibia – 05/02/2014

La Libertad según l@s Zapatistas

Por comunidades y bases de apoyo zapatistas

Los libros de la Escuelita Zapatista

Libro 1: Gobierno Autónomo I

Libro 1

 

 

 

 

 

 

 

Libro 2: Gobierno Autónomo II

Libro 2

 

 

 

 

 

 

 

Libro 3: Participación de las Mujeres en el Gobierno Autónomo

libro 3

 

 

 

 

 

 

 

Libro 4: Resistencia Autónoma

libro 4

Invasión Fracking (Fractura Expuesta nro.2)

Por Observatorio Petrolero Sur

 

Editorial: Blitzkrieg, el ataque relámpago de los no convencionales

invasion fracking
Bliztkrieg es el nombre de una táctica militar ofensiva que implica un bombardeo inicial, seguido del uso de fuerzas móviles que atacan con velocidad y sorpresa para impedir que un enemigo pueda llevar a cabo una defensa coherente. Traducido del alemán significa guerra relámpago. Blitzkrieg es, en nuestra opinión, el término más adecuado para definir la campaña global para imponer los hidrocarburos de yacimientos no convencionales como una necesidad de la Humanidad y ocultar así que, en realidad, es una urgencia del modelo capitalista. Motorizada por corporaciones y gobiernos y con un cerrado bombardeo publicitario, rápidamente instalaron a los no convencionales como la solución energética y fuente de bonanza económica. Un nuevo cuerno de la abundancia blindado a toda crítica por el triunfalismo de mercado.

A nivel local, YPF es la vanguardia desde 2009, cuando hizo los primeros grandes anuncios, pero sin duda su mayor protagonismo coincide con la irrupción del Estado dentro de la compañía. Los planes de incrementar la producción, con el autoabastecimiento y la generación de saldos exportables como fin, tienen como medio el avance sobre los no convencionales, el rejuvenecimiento de yacimientos maduros y la exploración hacia cuencas de frontera –tanto en el continente como en el mar.

Transcurrido un año de la expropiación a Repsol, la formación Vaca Muerta sigue siendo un horizonte: lo que la empresa no pudo avanzar en la explotación, por falta de recursos financieros y tecnológicos, lo hizo en el plano publicitario, no sólo presentándose como una alternativa confiable para el desarrollo nacional, sino como posibilidad de ahorro ante la inflación y el cepo al dólar. También ganó en publicidad lanzando al ruedo otras formaciones que se suman a la batalla por una Argentina Potencia no convencional: las formaciones Pozo D-129 y Aguada Bandera, estrellas de la Cuenca del Golfo San Jorge; Los Molles, Agrio y Las Lajas, en la Cuenca Neuquina, con menos prensa que su par bovina; Cacheuta, en Mendoza, la guarnición novedosa del banquete de Chevron; y Los Monos, en Salta, precalentando para entrar a la cancha. También se han visto políticas concretas de promoción a los no convencionales en el último año: incremento de precios tanto en petróleo y gas, aumento del valor de corte para exportación y fondos públicos para YPF y Enarsa.

Si bien YPF no es la única empresa en avanzar hacia esos horizontes, su política corporativa es, desde hace un año, política pública y marca tendencia en el plano local. Su alianza con Chevron no sólo implica la inyección de recursos para explorar y explotar Vaca Muerta, es también una señal para el sector privado, expectante tras la expropiación a Repsol. Fue sólo ratificar el acuerdo con la corporación estadounidense para que inmediatamente otras trasnacionales como Exxon, Total y Shell, hicieran nuevos anuncios.

La irrupción de los no convencionales desplazó de la agenda a la diversificación de la matriz energética, si es que alguna vez hubo intención política de abrir ese debate en los sectores más encumbrados del gobierno. Por otra parte, la lógica commodity persiste más allá de los discursos que, a partir de la promulgación de la Ley de Soberanía Hidrocarburífera, pregonaban la recuperación de los hidrocarburos como recurso estratégico. La apuesta del Estado por los no convencionales se mira en el espejo del modelo sojero y megaminero.

El ingreso de Chevron, por otra parte, se vincula con la política de Estados Unidos de promoción de los no convencionales a nivel global que busca asegurar, además, la parte del león a las empresas estadounidenses, sean estas operadoras de áreas o prestadoras de servicios. A través de esta técnica, la potencia del Norte incrementó su producción fronteras adentro -aunque nuevos informes ponen reparos sobre el mentado boom-, reduciendo su dependencia externa, pero como (su) Seguridad Energética es más que autoabastecimiento, promueve los no convencionales en los cinco continentes con el objetivo de diversificar las fuentes de abastecimiento, a fin de reducir la gravitación de otros actores de peso como Rusia, que cuenta con la mayor reserva mundial de gas, y generar alternativas a proveedores conflictivos, como los países de Oriente Medio y el Norte de África.

También esta avanzada corporativa gubernamental apunta a quebrar el prolongado estancamiento de la producción de crudo y el cercano pico gasífero de fuentes tradicionales, perpetuando la matriz basada en combustibles fósiles y apuntando a reducir el precio de la energía y garantizar los ritmos de producción. La crisis civilizatoria y climática no entran en la agenda. Aunque los artífices de la ofensiva postulan el desarrollo masivo del shale gas como una alternativa energética limpia, la explotación de estos yacimientos significaría un fuerte incremento de las emisiones de gases de efecto invernadero, profundizando el calentamiento global.

Pasada la sorpresa y el desconcierto de la primera embestida, lejos de la resignación y del augurio de un final apocalíptico, la movilización popular, también global, va forjando sus propias herramientas y construyendo las defensas para contener y rechazar la ofensiva del fracking. Los debates sobre las formas de oposición y sus límites están abiertos; mientras tanto, aquel No francés, que en 2011 se plasmó en la prohibición de la fractura hidráulica en territorio galo, renace en nuestro país con el efecto Cinco Saltos, multiplicándose la promulgación de ordenanzas que prohíben esta técnica dentro de los ejidos del país.

 

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Fuente: Observatorio Petrolero Sur – Julio 2013

Voto calificado

votocalificadopor Darío Aranda

 

En Argentina se vota cada dos años. Desde 1983 a la fecha se realizaron siete elecciones presidenciales y, con la del próximo domingo, otras siete legislativas.
Los partidos que acumularán mayor cantidad de
votos (y que aspiran a la presidencia en 2015) hicieron campaña con temas que (quizá) reflejan a la sociedad: inseguridad, dólar, inflación y (mantener el) consumo. Y los ya clásicos (y siempre incumplidos) trabajo, salud y educación.
El modelo extractivo afecta a millones de personas, pero no se debate y no se plebiscita.
Curiosas piruetas del establishment político.
Elegido mediante el voto ciudadano, prohíbe a los mismos electores que voten contra las corporaciones, evitan que el pueblo decida su futuro.
Esquel y Loncopué son experiencias recientes. Funcionarios y corporaciones temen los malos ejemplos y el efecto contagio. Por eso evitaron Calingasta y Andalgalá. Por eso no permiten sufragar por represas en Misiones, por Monsanto en Córdoba y por Chevron (y el fracking) en Neuquén.
Tiempos de
votos calificados y democracias selectivas.
Derechos de sólo un domingo cada dos años.

 

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Fuente: ComAmbiental – 25/10/2013

Relevamiento y sistematizacion de problemas de tierra de los agricultores familiares en Argentina

relevamiento tierras2Territorios campesinos e indígenas pretendidos por el extractivismo

Por Darío Aranda

 

En Argentina existen al menos 9,3 millones de hectáreas de campesinos e indígenas que son pretendidas por el sector privado y estatal, según lo revela el primer informe oficial sobre conflictos rurales. La tierra en disputa equivale a 455 veces la superficie de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, son 857 casos y afecta a 63.843 familias. En la mitad de los casos, las familias campesinas e indígenas sufrieron violencia para que abandonen sus campos, el 64 por ciento de los conflictos comenzó en las últimas dos décadas y tiene relación con el modelo agropecuario. “Sin dudas que (el inicio de las disputas) debe leerse a la luz del cambio e innovación tecnológica y el impacto de la expansión de la frontera agrícola sobre los agricultores familiares”, afirma el estudio publicado por el Ministerio de Agricultura de la Nación.

“Relevamiento y sistematización de problemas de tierras de los agricultores familiares en Argentina” es el nombre formal del trabajo, de 96 carillas y realizado por la Subsecretaría de Agricultura Familiar de la Nación. Fechado en 2013, el trabajo remarca desde el inicio sus limitaciones: el conteo de casos fue realizado en sólo tres meses (de abril a junio de 2011) y aclara que es “una muestra amplia pero no representativa” de la conflictividad rural.

Pero recobra valor al ser el primer informe oficial. El NOA concentra la mayor cantidad de conflictos (28,2 por ciento). Le sigue la Patagonia (21,1), NEA (19,8), Centro (19,1) y Cuyo (11,7). Córdoba, Misiones, Santiago del Estero, Neuquén, Corrientes y Jujuy son las de mayores casos.

El 43,1 por ciento de los conflictos lleva entre uno y nueve años. El 20,9 por ciento entre diez y diecinueve años. La gran mayoría (77,6 por ciento) de los poseedores viven en el lugar desde hace más de 20 años y están amparados por el derecho veinteañal (quien vivió y cuidó la tierra por dos décadas, tiene derechos adquiridos). Aunque el Poder Judicial rara vez aplica ese derecho.

De los 857 casos relevados, 278 involucran a pueblos indígenas (32 por ciento). De ese total, sólo el 40 por ciento ya fue relevado en el marco de la Ley 26.160 (norma aprobada en 2006 que frena los desalojos judiciales y ordena un mapeo catastral).

El 49 por ciento de los casos se encuentra en tierras “privadas” (con algún particular o empresa) y el 34 por ciento en tierras fiscales (municipales, provinciales y nacionales). El 17 por ciento en tierras mixtas.

El trabajo estuvo a cargo de Karina Bidaseca. “Los números son claros y evidencian que el modelo de agronegocios avanza y atenta contra la vida campesina. Es imprescindible el acceso a la Justicia, el saneamiento de títulos y políticas estatales activas para que las familias puedan permanecer donde siempre vivieron”, explicó.

El 39 por ciento de los casos (331) se encuentra judicializado. “Los casos en los que se registran amenazas o presiones de desalojo superan ampliamente los casos judicializados”, afirma. Y detalla que en el 52,3 por ciento de los casos se registraron amenazas y presiones de desalojo. Salta, Jujuy, Santiago del Estero, Misiones, Neuquén y Río Negro encabezan el ranking de amenazas.

El relevamiento oficial afirma que los conflictos territoriales se “intensificaron con el gran crecimiento que registra la megaminería, el desarrollo del turismo” y la “aparición de nuevos propietarios” con títulos dudosos.

José Luis Castillo, de la Asamblea Campesina Indígena del Norte Argentino (Acina), estuvo en la presentación del informe. “Celebramos que por primera vez el Estado, mediante la Subsecretaría, haga un estudio sobre lo que denunciamos desde hace veinte años en los territorios, así que damos la bienvenida a ese relevamiento”, explicó y dio un paso más: “Ahora necesitamos que el mismo Estado accione de manera concreta para apoyar a la agricultura familiar, que el Gobierno deje de dar luz verde a los agronegocios que nos pisan la cabeza a los campesinos”.

“Ya sabemos cuál es la enfermedad, el agronegocio, ahora necesitamos políticas públicas que nos permitan producir, quedarnos en el campo y, algo bien básico, que no nos desalojen ni nos repriman”, reclamó Castillo. El informe oficial analiza la estructura agraria y su relación con la tenencia de la tierra. En base al Censo Agropecuario 2002 (el último realizado de manera completa), comparando el censo 1988, muestra que desaparecieron 85.000 explotaciones agropecuarias (20 por ciento del total). Y apunta a uno de los problemas centrales de la argentina rural: el 60 por ciento de las explotaciones agropecuarias más pequeñas no llegaba al cinco por ciento de las hectáreas. En tanto el diez por ciento de las explotaciones agropecuarias más grandes concentraba el 78 por ciento de la tierra.

El capítulo tres aborda el marco legal de los conflictos. “La situación vinculada a los desalojos que padecen las comunidades y familias campesinas implica una clara violación a los derechos constitucionalmente garantizados y reconocidos por los Pactos Internacionales de Derechos Humanos.” Y afirma la necesidad de una política redistributiva, reparto de tierras privadas que no cumplen su función social.

Entre las conclusiones se destaca la necesidad de políticas públicas para acabar con la “exclusión social en el campo” y hace hincapié en la necesidad de “abordar el saneamiento de títulos”. También cuestiona al Poder Judicial por la situación de “indefensión” de los agricultores familiares. Y recuerda que los movimientos campesinos exigen una reforma agraria, la cual supone “transformar las relaciones de poder económico y político responsables por la reproducción de la concentración agraria”.

* Artículo publicado el 22 de julio de 2013 en el diario Página12 con el título “Los conflictos por las tierras ajenas”.

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