Soberanías energéticas tuteladas – Fractura Expuesta nro.3

ultima-gotaPor Observatorio Petrolero Sur Centro de Documentación e Información Bolivia Censat Agua Viva / Amigos de la Tierra Colombia

Empresas y gobiernos clavaron sus ojos sobre yacimientos de frontera: no convencionales y offshore. El estancamiento de los niveles globales de  extracción tradicional de petróleo y el improbable descubrimiento de mega yacimientos, son parte del problema que se agudiza con el incremento exponencial del consumo de energía –no sólo por los países del Norte global sino, también, por las economías emergentes, como China e India. El gas y el petróleo de esquistos o lutitas –más conocidos por su denominación sajona, shale–, junto a los hidrocarburos de arenas compactas –tight sands–, los crudos ultra pesados y el petróleo del Ártico y de aguas profundas han cobrado suma relevancia en la apuesta sistémica a sostener esta matriz, donde los combustibles fósiles representan el 82% de las fuentes primarias de energía mundial.

Estados Unidos se ha convertido en el principal promotor de la explotación de hidrocarburos de yacimientos no convencionales. A partir de su desarrollo masivo, Washington no sólo apunta a que el mercado esté abastecido de combustibles fósiles y que los precios no se disparen, sino también a que se modifique el mapa geopolítico de la energía. Al ampliar el espectro de proveedores busca limitar el protagonismo de países como Rusia y Venezuela, los gigantes mundiales del gas y el petróleo, respectivamente. En esta estrategia el lugar estelar lo ocupan el gas y petróleo de esquistos.

En este esplendor no convencional, como ha sucedido a lo largo de la historia de nuestros pueblos del Sur, detentar los recursos no necesariamente implica tener la sartén por el mango. La explotación de estos recursos, criticada por su alto impacto socioambiental, se realiza con tecnologías desarrolladas y acaparadas por grandes empresas de servicios petroleros, como Halliburton y Schlumberger, y operadoras con capacidad financiera y de lobby, como Chevron y ExxonMobil. Justamente en los últimos años el sector corporativo ha tenido un marcado protagonismo, promoviendo este tipo de explotaciones en diversos foros regionales y presionando a las autoridades públicas para que generen las condiciones propicias para la avanzada, es decir, garanticen márgenes de ganancia y adecuen marcos regulatorios.

En sintonía, cada uno de los gobiernos de la región ha justificado su creciente interés en estos reservorios a partir de metas propias, soberanas. Los argumentos son diversos; reducir la importación de combustibles, revertir la caída de los niveles de extracción, alcanzar el autoabastecimiento, mantenerse o consolidarse como exportador… Pero más allá de los enunciados, todos tienen una consecuencia común: la conflictividad social por la ampliación de la frontera extractiva y de la transnacionalización del sector, si bien algunas veces hay un aparente liderazgo de compañías controladas por el Estado.

El mayor avance sobre formaciones de shale, por fuera de EE.UU., se registra en Argentina…

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Fuente: Observatorio Petrolero Sur (OpSur) – Julio de 2014

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Voto calificado

votocalificadopor Darío Aranda

 

En Argentina se vota cada dos años. Desde 1983 a la fecha se realizaron siete elecciones presidenciales y, con la del próximo domingo, otras siete legislativas.
Los partidos que acumularán mayor cantidad de
votos (y que aspiran a la presidencia en 2015) hicieron campaña con temas que (quizá) reflejan a la sociedad: inseguridad, dólar, inflación y (mantener el) consumo. Y los ya clásicos (y siempre incumplidos) trabajo, salud y educación.
El modelo extractivo afecta a millones de personas, pero no se debate y no se plebiscita.
Curiosas piruetas del establishment político.
Elegido mediante el voto ciudadano, prohíbe a los mismos electores que voten contra las corporaciones, evitan que el pueblo decida su futuro.
Esquel y Loncopué son experiencias recientes. Funcionarios y corporaciones temen los malos ejemplos y el efecto contagio. Por eso evitaron Calingasta y Andalgalá. Por eso no permiten sufragar por represas en Misiones, por Monsanto en Córdoba y por Chevron (y el fracking) en Neuquén.
Tiempos de
votos calificados y democracias selectivas.
Derechos de sólo un domingo cada dos años.

 

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Fuente: ComAmbiental – 25/10/2013

Relevamiento y sistematizacion de problemas de tierra de los agricultores familiares en Argentina

relevamiento tierras2Territorios campesinos e indígenas pretendidos por el extractivismo

Por Darío Aranda

 

En Argentina existen al menos 9,3 millones de hectáreas de campesinos e indígenas que son pretendidas por el sector privado y estatal, según lo revela el primer informe oficial sobre conflictos rurales. La tierra en disputa equivale a 455 veces la superficie de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, son 857 casos y afecta a 63.843 familias. En la mitad de los casos, las familias campesinas e indígenas sufrieron violencia para que abandonen sus campos, el 64 por ciento de los conflictos comenzó en las últimas dos décadas y tiene relación con el modelo agropecuario. “Sin dudas que (el inicio de las disputas) debe leerse a la luz del cambio e innovación tecnológica y el impacto de la expansión de la frontera agrícola sobre los agricultores familiares”, afirma el estudio publicado por el Ministerio de Agricultura de la Nación.

“Relevamiento y sistematización de problemas de tierras de los agricultores familiares en Argentina” es el nombre formal del trabajo, de 96 carillas y realizado por la Subsecretaría de Agricultura Familiar de la Nación. Fechado en 2013, el trabajo remarca desde el inicio sus limitaciones: el conteo de casos fue realizado en sólo tres meses (de abril a junio de 2011) y aclara que es “una muestra amplia pero no representativa” de la conflictividad rural.

Pero recobra valor al ser el primer informe oficial. El NOA concentra la mayor cantidad de conflictos (28,2 por ciento). Le sigue la Patagonia (21,1), NEA (19,8), Centro (19,1) y Cuyo (11,7). Córdoba, Misiones, Santiago del Estero, Neuquén, Corrientes y Jujuy son las de mayores casos.

El 43,1 por ciento de los conflictos lleva entre uno y nueve años. El 20,9 por ciento entre diez y diecinueve años. La gran mayoría (77,6 por ciento) de los poseedores viven en el lugar desde hace más de 20 años y están amparados por el derecho veinteañal (quien vivió y cuidó la tierra por dos décadas, tiene derechos adquiridos). Aunque el Poder Judicial rara vez aplica ese derecho.

De los 857 casos relevados, 278 involucran a pueblos indígenas (32 por ciento). De ese total, sólo el 40 por ciento ya fue relevado en el marco de la Ley 26.160 (norma aprobada en 2006 que frena los desalojos judiciales y ordena un mapeo catastral).

El 49 por ciento de los casos se encuentra en tierras “privadas” (con algún particular o empresa) y el 34 por ciento en tierras fiscales (municipales, provinciales y nacionales). El 17 por ciento en tierras mixtas.

El trabajo estuvo a cargo de Karina Bidaseca. “Los números son claros y evidencian que el modelo de agronegocios avanza y atenta contra la vida campesina. Es imprescindible el acceso a la Justicia, el saneamiento de títulos y políticas estatales activas para que las familias puedan permanecer donde siempre vivieron”, explicó.

El 39 por ciento de los casos (331) se encuentra judicializado. “Los casos en los que se registran amenazas o presiones de desalojo superan ampliamente los casos judicializados”, afirma. Y detalla que en el 52,3 por ciento de los casos se registraron amenazas y presiones de desalojo. Salta, Jujuy, Santiago del Estero, Misiones, Neuquén y Río Negro encabezan el ranking de amenazas.

El relevamiento oficial afirma que los conflictos territoriales se “intensificaron con el gran crecimiento que registra la megaminería, el desarrollo del turismo” y la “aparición de nuevos propietarios” con títulos dudosos.

José Luis Castillo, de la Asamblea Campesina Indígena del Norte Argentino (Acina), estuvo en la presentación del informe. “Celebramos que por primera vez el Estado, mediante la Subsecretaría, haga un estudio sobre lo que denunciamos desde hace veinte años en los territorios, así que damos la bienvenida a ese relevamiento”, explicó y dio un paso más: “Ahora necesitamos que el mismo Estado accione de manera concreta para apoyar a la agricultura familiar, que el Gobierno deje de dar luz verde a los agronegocios que nos pisan la cabeza a los campesinos”.

“Ya sabemos cuál es la enfermedad, el agronegocio, ahora necesitamos políticas públicas que nos permitan producir, quedarnos en el campo y, algo bien básico, que no nos desalojen ni nos repriman”, reclamó Castillo. El informe oficial analiza la estructura agraria y su relación con la tenencia de la tierra. En base al Censo Agropecuario 2002 (el último realizado de manera completa), comparando el censo 1988, muestra que desaparecieron 85.000 explotaciones agropecuarias (20 por ciento del total). Y apunta a uno de los problemas centrales de la argentina rural: el 60 por ciento de las explotaciones agropecuarias más pequeñas no llegaba al cinco por ciento de las hectáreas. En tanto el diez por ciento de las explotaciones agropecuarias más grandes concentraba el 78 por ciento de la tierra.

El capítulo tres aborda el marco legal de los conflictos. “La situación vinculada a los desalojos que padecen las comunidades y familias campesinas implica una clara violación a los derechos constitucionalmente garantizados y reconocidos por los Pactos Internacionales de Derechos Humanos.” Y afirma la necesidad de una política redistributiva, reparto de tierras privadas que no cumplen su función social.

Entre las conclusiones se destaca la necesidad de políticas públicas para acabar con la “exclusión social en el campo” y hace hincapié en la necesidad de “abordar el saneamiento de títulos”. También cuestiona al Poder Judicial por la situación de “indefensión” de los agricultores familiares. Y recuerda que los movimientos campesinos exigen una reforma agraria, la cual supone “transformar las relaciones de poder económico y político responsables por la reproducción de la concentración agraria”.

* Artículo publicado el 22 de julio de 2013 en el diario Página12 con el título “Los conflictos por las tierras ajenas”.

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Las PASO 2013 y balance de la era K. Una lectura desde el ecologismo popular

dekadauyo

Por Horacio Machado Aráoz

(Colectivo Sumaj Kawsay – Universidad Nacional de Catamarca)
No nos confundimos. (Y pedimos) no nos confundamos. No hay nada que festejar; aunque tampoco demasiado que lamentar… Digo, no hay ninguna novedad que agreguen los resultados de las recientes elecciones PASO a los motivos (históricos, estructurales y coyunturales) de nuestros lamentos…
El modo como se ha planteado la derrota del kirchnerismo en las PASO no abre ningún motivo de alegría o expectativas positivas de cara al futuro, por más prudentes o moderadas que aquellas fueran. El panorama político del país –y que se ha venido gestando desde los últimos años- se presenta bastante más sombrío todavía hacia adelante, considerado, claro, desde las aspiraciones emancipatorias populares… Pues, en efecto, el massismo no es “más de lo mismo”… Es todavía peor que eso. Pero eso no es una ‘novedad’: las alternativas de ‘recambio por derecha’ (-extrema en este caso, para no ser injustamente generoso con el oficialismo)’, no son una fatalidad, sino el resultado previsible de un proceso político del que el kirchnerismo es un protagonista clave y con lo que, por tanto, ‘tiene algo (o bastante) que ver’, aunque, por cierto, no es el único responsable…(…)

Desmantelando recursos y herramientas sociopolíticas, culturales, económicas, epistémicas y jurídicas, ha terminado malversando ese capital político transformador de las rebeliones originarias del ciclo; lejos de potenciar alternativas poscapitalistas y poscoloniales, el kirchnerismo ha optado por la vieja vía del populismo neodesarrollista, pero esta vez, con su peor cara: no la del autonomismo periférico que ensaya una transformación industrialista de su matriz productiva y una mayor cohesión interna, con la reducción de las enormes e históricas asimetrías socioterritoriales y sectoriales; sino la de seguir los vientos del mercado mundial, apenas captando parte de las rentas extraordinarias generadas en la súper-explotación de la naturaleza para ensayar esquemas difusos y precarios de ‘redistribución’ del ingreso…

La ‘década ganada’ ha sido la de la mega-sojización, que intensificó la degradación de suelos y la exportación de agua y nutrientes; la de los desmontes a gran escala y el despojo en masa de comunidades originarias, campesinas y rurales; la de la inédita expansión de la minería transnacional a gran escala, es decir, el inicio del dinamitado de glaciares y la intoxicación de las cabeceras de las cuencas hídricas cordilleranas; en fin, la de la irresponsable dilapidación de las reservas hidrocarburíferas del país, cuyos costos estamos hoy evidenciando y que ponen en vilo a todo el aparato productivo del país. (…)

Modelo de ‘desarrollo con inclusión social’, ensayado por el oficialismo –y mayoritariamente apoyado por nuestra sociedad, hay que decirlo-; donde ‘desarrollo’ significa crecimiento impulsado por la entrega sacrificial del territorio y los bienes comunes, e ‘inclusión social’, remite a asimilación – resignación – participación (imperfecta, precaria, desigual) en la fiesta consumista que propone el capital, en su cara más ‘seductora’, que provoca estragos en las energías revolucionarias y opera como una gran planta de fabricación de subjetividades capitalistas; de colonización de los cuerpos en sus esferas más íntimas y complejas, la de los deseos, las emociones y los sentimientos…

Ante este panorama, desde una minúscula fracción de los movimientos del ecologismo popular de Nuestra América, pensamos y sentimos que el desarrollo es el nombre de la colonialidad. Que la crisis que atravesamos no es apenas una crisis económica, ni financiera, ni política; es una profunda crisis civilizatoria. Por eso, no queremos ni creemos en el “desarrollo” y menos aún en la “inclusión social”… Pues se trata justamente de resignarnos y asimilarnos a los parámetros y modos de ‘vida’ de una civilización enferma. Por eso, tanto el concepto de “inclusión social” como el de “redistribución del ingreso” son conceptos obsoletos; históricamente perimidos, al menos, como consignas políticas útiles para abrir caminos emancipatorios. Por eso hablamos de Buen Vivir.

Buen Vivir, no es asimilable ni equiparable a ‘desarrollo’; más bien, todo lo contrario. Buen Vivir significa reapropiar-nos colectivamente del trabajo, de sus medios y sus frutos; reapropiarnos políticamente de los procesos productivos y de los medios fundamentales de vida; re-crear la comunidad de vida como condición para producir históricamente la nueva era de la libertad…

Y claro, siempre teniendo presente que “la libertad, en este terreno, sólo puede consistir en que el hombre socializado, los productores libremente asociados, regulen racionalmente su intercambio de materias con la naturaleza, lo pongan bajo su control común en vez de dejarse dominar por él como por un poder ciego, y lo lleven a cabo con el menor gasto posible de energías y en las condiciones más adecuadas y más dignas de su naturaleza humana” (Karl Marx, El Capital, 1867).
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Fuente: Herramienta Web – Agosto de 2013

Alternativas al Capitalismo – Colonialismo del Siglo XXI

??????????????Por Grupo Permanente de Trabajo sobre Alternativas al Desarrollo

 

El aparato mediático privado y los discursos oficialistas coinciden en este punto: son excelentes voceros del viejo credo de Margaret Thatcher: There is no alternative. No hay alternativa al extractivismo, no hay alternativa a la modernización bajo parámetros occidentales, no hay alternativa a la democracia representativa que se limita a lo electoral, no hay alternativa al formato actual de globalización con su derroche insensato de energía y recursos, ni a las guerras por materias primas. O si es que hubiera alternativa, se nos hace creer que es o un modelo anglosajón neoliberal o un capitalismo autoritario como China, con algunos elementos neokeynesianos, quizás. Nos enfrentamos a un cartel de opinión sumamente poderoso, cuya hegemonía está, sin duda, más que afirmada. Y lo más perverso es que el discurso dominante nos vende sus actos como acciones para “erradicar a la pobreza”, mientras producen, sistemáticamente, nueva pobreza: pobreza por desplazamiento; pobreza por desposesión; pobreza por migración forzada; pobreza por contaminación ambiental y secuelas en la salud; pobreza porque personas que antes se abastecían, aunque modestamente, con su pedazo de tierra, ahora pasan a depender de las prestaciones concedidas por el Estado, al menos mientras dure la bonanza de los precios de las materias primas. No solamente se les despoja de la tierra, sino de su independencia y dignidad, de su capacidad de decisión, de su contexto social y político. Después, esta gente será simplemente pobre, y más pobre que antes.

Lo que se nos ofrece es participar de una narrativa colonizadora, modernizadora, homogenizadora, invisibilizadora de lo diferente. Se nos promete un futuro como clientes –del mercado y, al mismo tiempo, del gobierno de turno, por lo general– sin demasiada capacidad de decisión; pero eso sí, rodeados de pantallas parpadeantes –televisores, tablets, celulares– que nos permiten pasar el tiempo de forma entretenida, sin enterarnos tanto de lo que sucede alrededor. Mucha gente, sin duda, está contenta con estas nuevas posibilidades de consumo, con formar parte finalmente de un mundo del que históricamente era excluida, y nunca ha considerado que esto pudiera conllevar un problema para sus hijos y nietos. Lo que perdemos, muchas veces es menos palpable que lo que compramos, pero no menos importante.

Pensamos que es fundamental replantear, más allá de los indicadores usuales, qué es lo que entendemos por pobreza; y qué, por riqueza. Reformular cómo queremos vivir; enfrentar la centralidad del consumo; revalorar las relaciones sociales, la convivencia, el espacio público, lo espiritual, nuestros bienes comunes, nuestra capacidad de tomar decisiones informadas y de controlar los territorios en los que vivimos. Revalorar la Naturaleza, cuya existencia es una condición necesaria para la nuestra, por más que esto no se perciba en el día a día de la ciudad.

¿Cómo queremos vivir entonces? ¿A qué queremos conceder valor? Es el gran mérito de los debates sobre el Buen Vivir haber replanteado esta pregunta.
Fuente: Fundación Rosa Luxemburgo / Ediciones Abya Yala – julio 2013
Descargar completo Alternativas al capitalismo – colonialismo del siglo XXI

Cristina y los Qom, “en la vida hay que elegir”

cfkPor Darío Aranda

 

La Presidenta, las elecciones, Insfrán, el extractivismo, la violación de derechos, los asesinatos de indígenas y campesinos. “Esto es el ocultamiento y la distorsión permanente… acá lo diviso a Gildo Insfrán, y esto va para propios y extraños. Me entero (ayer) de que en la comunidad qom de La Primavera (…) habíamos ganado con el 66 por ciento de los votos. La verdad que Gildo te lo hago como un reconocimiento ante tanta mentira y tanta distorsión”, celebró la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y dio el golpe más bajo: “Los qom no viven en la televisión ni en la radios ni los diarios, los qom no viven en conferencias de prensa, en la avenida 9 de Julio, ahí no viven”.

Es difícil encontrar registro de una situación similar: un Presidente de Argentina refiriéndose en esos términos (sarcásticos, violentos, hirientes) sobre un pueblo (y un líder) indígena. Es una relación de fuerzas muy desigual.

Gobernadores, funcionarios y militantes celebraron los dichos presidenciales. Y aplaudieron.

 

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Fuente Darío Aranda – 15/08/2013

«Consenso de los Commodities» y lenguajes de valoración en América Latina

commoditiespor Maristella Svampa

 

El «Consenso de los Commodities» subraya el ingreso de América Latina en un nuevo orden económico y político-ideológico, sostenido por el boom de los precios internacionales de las materias primas y los bienes de consumo demandados cada vez más por los países centrales y las potencias emergentes. Este orden va consolidando un estilo de desarrollo neoextractivista que genera ventajas comparativas, visibles en el crecimiento económico, al tiempo que produce nuevas asimetrías y conflictos sociales, económicos, ambientales y político-culturales.

Tal conflictividad marca la apertura de un nuevo ciclo de luchas, centrado en la defensa del territorio y del ambiente, así como en la discusión sobre los modelos de desarrollo y las fronteras mismas de la democracia.

Nos interesa subrayar que, más allá de las diferencias entre los regímenes políticos hoy existentes, el «consenso» sobre el carácter irresistible de la inflexión extractivista terminaría por funcionar como un umbral u horizonte histórico-comprensivo respecto de la producción de alternativas y suturaría así la posibilidad misma de un debate. La aceptación –tácita o explícita– de tal «consenso» contribuye a instalar un nuevo escepticismo o ideología de la resignación que refuerza, en el límite, la «sensatez y razonabilidad» de un capitalismo progresista, al imponer la idea de que no existirían otras alternativas al actual estilo de desarrollo extractivista. En consecuencia, todo discurso crítico u oposición radical terminaría por instalarse en el campo de la antimodernidad o la negación del progreso, o simplemente en el de la irracionalidad y el fundamentalismo ecologista.

Leer completa «Consenso de los Commodities» y lenguajes de valoración en América Latina

Fuente: Revista Nueva Sociedad – nro.244 Marzo/Abril 2013

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