Por Maristella Svampa y Enrique Viale
No es casual que el 22 de febrero activistas de Greenpeace hayan montado en San Juan un campamento en el acceso a las minas de Veladero y Pascua‐Lama, explotadas por la
Barrick Gold, para exigir la aplicación plena de la Ley Nacional de Protección de los Glaciares. Sucede que, mediante un gran esfuerzo –conjunto y coordinado desde diversas estructuras del Estado–, el Gobierno Nacional, algunas provincias cordilleranas y las grandes empresas mineras están demorando la efectiva aplicación de dicha ley.
Recordemos que la norma protege las fuentes y reservas de agua dulce en los glaciares y el área periglacial, un bien común de todos los argentinos, más allá de los orígenes provinciales o los intereses corporativos.
Como era esperable, en la provincia de San Juan los intereses mineros obtuvieron medidas cautelares express por intermedio del juez federal, Miguel Ángel Gálvez, quien suspendió –solamente en dicha provincia– los artículos medulares de la norma, beneficiando a los emprendimientos mineros Veladero y Pascua‐Lama, de la transnacional Barrick Gold.
A esto debemos sumar que, por su parte, el Poder Ejecutivo Nacional se resiste a la obligación legal de reglamentarla, tal como lo establece la propia norma en su artículo 17.
El plazo de 90 días desde su publicación en el Boletín Oficial para hacerlo se encuentra flagrantemente vencido y no hay ningún indicio de que el proceso de reglamentación se encuentre en marcha .
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Fuente: Diario Miradas al Sur – 27/02/2011
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