No a Agua Rica!

_MG_9609Por Huerquen, comunicación en colectivo

 

La lucha contra la megaminería, que una enorme cantidad de comunidades en todo el país vienen sosteniendo, se consolida y avanza generando hechos de una enorme importancia.

Desde el 1ro de febrero hasta el 4 de marzo la Asamblea El Algarrobo de Andalgalá realizó el 2do Acampe por la Vida frente a los Tribunales, exigiendo a la Corte Suprema de Justicia de la Nación sentencia para el recurso de amparo presentado por las enormes irregularidades en la aprobación del Informe de Impacto Ambiental del emprendimiento Agua Rica.

Fue un largo mes donde se realizaron una cantidad grande de actividades culturales y de difusión, y que culminó con un fallo de la Corte haciendo lugar a muchos de los planteos del pueblo de Andalgalá y que sin dudas marca un hito en este camino por la vida. Antes de levantar el acampe se realizó una conferencia de prensa donde pudimos escuchar la palabra de los miembros del Algarrobo, la de sus abogadas y la de Adolfo Pérez Esquivel que viene acompañando activamente este reclamo.

Para saber en qué lugar lxs deja este fallo y como sigue la lucha, conversamos con Alejandro, de la Asamblea El Argarrobo; y con Mariana Katz, una de las abogadas, que a su vez integra el Movimiento de Profesionales para los Pueblos.

Leer las entrevistas: No a Agua Rica!

 

Fracturando limites. Argentina: El desembarco del fracking

tapa fracturando límitesPor Observatorio Petrolero Sur

(con el apoyo de Amigos de la Tierra)

RESUMEN

 

El boom de los hidrocarburos no convencionales (HNC)1 acarreó una modificación geopolítica inusitada del petróleo y el gas. A partir de la experiencia norteamericana, iniciada en la década pasada, diversos países han impulsado medidas en pos de valorizar esta enorme masa de recursos en épocas donde la producción de crudo convencional se ha estancado. La forma en que este boom impacta en Argentina es más que relevante ya que, según la Agencia de Información Energética (EIA) de EE.UU., este país es potencia global en recursos de shale: segundo en gas y cuarto en petróleo. Asimismo, la formación Vaca Muerta está sindicada por la misma agencia como el play de mejor potencial por fuera de Norte América.

Esto ha provocado que en los últimos años majors del sector pongan foco en el norte de la Patagonia. Chevron, Shell, ExxonMobil, Total, Wintershall, Petrobras y otras, han avanzado en diferentes proyectos mientras nuevos anuncios surgen día a día. Los múltiples actores, fuertemente concentrados, han presionado por cambios en el marco jurídico que impactan necesariamente en el bienestar público y de la población local, los trabajadores y el ambiente.

Por otro lado, las crecientes importaciones de combustibles en Argentina por la caída estrepitosa de la producción hidrocarburífera convencional, condujo a la nacionalización parcial de YPF, la mayor petrolera del país. La injerencia del Estado potenció el vuelco sobre los HNC en alianza tecnológica y financiera con transnacionales a fin de perpetuar una matriz energética basada, casi en su totalidad, en combustibles fósiles.

Este avance fue posibilitado por vacíos normativos y falta de capacidad regulatoria del Estado frente a la introducción a escala masiva del paquete tecnológico conocido como fracking, otorgando mayores facilidades a petroleras como Total, Chevron y Shell – empresas sobre la que éste informe se enfocará. En este sentido, el avance de los HNC tuvo un correlato en reformas que restringen la consulta pública y la participación popular. Asimismo, su impulso fue acompañado por violaciones a los derechos colectivos ambientales e indígenas, incluso avanzando en áreas naturales protegidas. Este movimiento se impone con violencia implícita y explícita que suprimen búsquedas genuinas de alternativas energéticas y autodeterminación de la población. Estos primeros desarrollos en la Argentina reflejan el patrón destructivo y contaminante de la industria al emplear numerosos químicos, muchos de ellos tóxicos, generar grandes cantidades de peligrosa y altamente contaminada agua de retorno (residual) y ocupar importantes extensiones de tierra. Esto tiene un impacto perjudicial sobre poblaciones locales ya que dichas operaciones pueden dañar el ambiente circundante y la salud de las personas, incrementar la competencia por el acceso al agua y la tierra, destruir economías regionales, dañar infraestructura y afectar la cultura local.

Los puntos clave que hemos encontrado a partir de la investigación son los siguientes:
• El sector hidrocarburífero ha capturado el debate político: a fin de garantizar sus inversiones, las compañías multinacionales han presionado y extorsionado autoridades nacionales y regionales para obtener beneficios que van en contra del bienestar general (incremento de precios y subsidios, reducción de impuestos y renta percibida por el Estado, extensión de los períodos de concesión).
• Hay perforaciones en áreas naturales protegidas: Total y Shell están usando vacíos legales para perforar en áreas naturales protegidas, donde esta actividad no estaría permitida.
• Los organismos públicos a cargo de monitorear los HNC cuentan con baja cantidad de empleados y su trabajo se encuentra precarizado. Cuando sus opiniones son contrarias a los proyectos o señalan la baja calidad ambiental de las compañías son amenazados con medidas administrativas. En este sentido, algunas concesiones han sido entregadas a Total en contra de las recomendaciones de los trabajadores de la Dirección de Áreas Naturales Protegidas.
• Los contratos entre Chevron e YPF (parcialmente pública) son secretos: autoridades regionales y nacionales no tienen un conocimiento acabado y completo del contrato firmado, hecho a medida de Chevron. Este conducirá a la perforación de 1562 pozos y se realizó sin consultar a las comunidades indígenas.
• La actividad está rodeada bajo procesos secretos: A los informes ambientales realizados por las compañías no pueden ni siquiera acceder los organismos competentes. Las comunidades locales no fueron consultadas previamente a las operaciones ni los crianceros locales han sido compensados por la degradación ambiental directa de sus territorios. Shell y Total, entre otras, han comunicado pobremente las técnicas usadas en la perforación como también los químicos utilizados y la gestión de residuos aplicada.
• Regulación e información ambiental laxa: Los informes ambientales realizados por las compañías (Total en particular) están llenos de inconsistencias; llegando a mencionar fauna y flora que ni siquiera existe en las concesiones. Los daños ambientales observados y señalados por los organismos públicos nunca fueron remediados por las empresas (Total en particular).

Frente a estos hechos un número importante de organizaciones han impulsado diferentes iniciativas que buscan poner freno las apetencias empresariales. El hecho no es algo nuevo sino una realidad que se retrotrae ya a la explotación convencional, evidente en los pasivos ambientales que dejó la industria en los 100 años de explotación, pero que hoy adquiere escalas mayores. De esta forma, las demandas ciudadanas se han enfocado en el riesgo ambiental, en la insignificante apropiación local de la renta obtenida, en la falta de participación y consulta y en la pérdida de la soberanía. Las resistencias han escalado a nivel nacional y hoy en día más de 30 regiones se han declarado como ‘libres de fracking’.

 

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Mapeo Colectivo. Profundizando la mirada sobre el territorio.

Herramientas de trabajo para la reflexión y la transformación social

cuadernillo3Por Iconoclasistas

El mapeo colectivo es una herramienta lúdica y creativa que facilita la construcción de un relato colectivo, visible en la confluencia de saberes de los/as participantes sobre un soporte común.

Los talleres permiten la realización de cartografías, en pequeños grupos de no más de 10 personas, construidas a partir de la conversación y socialización de experiencias, conocimientos y pareceres. Cada grupo trabaja con un mapa-afiche, una guía de preguntas provocadoras, fibrones varios y una serie de íconos sticker, como elementos iniciales que contribuyen a motivar la participación y la discusión.

Pensados como instancias de construcción colectiva y participación abierta, permiten el conocimiento de diversas realidades a partir de la memoria cotidiana y los saberes no especializados, condensando la información en un espacio horizontal de encuentro que apunta a elaborar saberes en un proceso de relación e intercambio con otros/as.

Una de las apuestas de aprender a reflexionar y ver un territorio (pensado no sólo geográficamente sino como espacio social, cultural, económico, de subjetividades) es la posibilidad de tomar distancia de él para poder descifrar conexiones que no sólo nos den herramientas para cuestionar problemáticas instaladas sino que también nos brinde pistas para resolverlos.

En ese sentido la cartografía se concibe como un proceso en permanente mutación (ver), como un punto de partida disponible a ser retomado por otros/as, como un dispositivo apropiado para la reflexión y el cambio social que construya conocimiento, potenciando la organización y transformación colectiva.

Hemos realizado un sintético instruccionario que sugiere los pasos a seguir para la realización de un taller de mapeo colectivo, en base a nuestra humilde experiencia. También adjuntamos una plancha de íconos y una mini guía de preguntas provocadoras para llevar adelante el trabajo en grupos. Este taller es una propuesta abierta para el intercambio, el debate y la reflexión colectiva, y el mapa nos brinda una herramienta sumamente flexible y apta para ser adecuada a los objetivos de lxs organizadores del taller.

Descargar el Cuadernillo de Mapeo Colectivo
Fuente Iconoclasistas

Invasión Fracking (Fractura Expuesta nro.2)

Por Observatorio Petrolero Sur

 

Editorial: Blitzkrieg, el ataque relámpago de los no convencionales

invasion fracking
Bliztkrieg es el nombre de una táctica militar ofensiva que implica un bombardeo inicial, seguido del uso de fuerzas móviles que atacan con velocidad y sorpresa para impedir que un enemigo pueda llevar a cabo una defensa coherente. Traducido del alemán significa guerra relámpago. Blitzkrieg es, en nuestra opinión, el término más adecuado para definir la campaña global para imponer los hidrocarburos de yacimientos no convencionales como una necesidad de la Humanidad y ocultar así que, en realidad, es una urgencia del modelo capitalista. Motorizada por corporaciones y gobiernos y con un cerrado bombardeo publicitario, rápidamente instalaron a los no convencionales como la solución energética y fuente de bonanza económica. Un nuevo cuerno de la abundancia blindado a toda crítica por el triunfalismo de mercado.

A nivel local, YPF es la vanguardia desde 2009, cuando hizo los primeros grandes anuncios, pero sin duda su mayor protagonismo coincide con la irrupción del Estado dentro de la compañía. Los planes de incrementar la producción, con el autoabastecimiento y la generación de saldos exportables como fin, tienen como medio el avance sobre los no convencionales, el rejuvenecimiento de yacimientos maduros y la exploración hacia cuencas de frontera –tanto en el continente como en el mar.

Transcurrido un año de la expropiación a Repsol, la formación Vaca Muerta sigue siendo un horizonte: lo que la empresa no pudo avanzar en la explotación, por falta de recursos financieros y tecnológicos, lo hizo en el plano publicitario, no sólo presentándose como una alternativa confiable para el desarrollo nacional, sino como posibilidad de ahorro ante la inflación y el cepo al dólar. También ganó en publicidad lanzando al ruedo otras formaciones que se suman a la batalla por una Argentina Potencia no convencional: las formaciones Pozo D-129 y Aguada Bandera, estrellas de la Cuenca del Golfo San Jorge; Los Molles, Agrio y Las Lajas, en la Cuenca Neuquina, con menos prensa que su par bovina; Cacheuta, en Mendoza, la guarnición novedosa del banquete de Chevron; y Los Monos, en Salta, precalentando para entrar a la cancha. También se han visto políticas concretas de promoción a los no convencionales en el último año: incremento de precios tanto en petróleo y gas, aumento del valor de corte para exportación y fondos públicos para YPF y Enarsa.

Si bien YPF no es la única empresa en avanzar hacia esos horizontes, su política corporativa es, desde hace un año, política pública y marca tendencia en el plano local. Su alianza con Chevron no sólo implica la inyección de recursos para explorar y explotar Vaca Muerta, es también una señal para el sector privado, expectante tras la expropiación a Repsol. Fue sólo ratificar el acuerdo con la corporación estadounidense para que inmediatamente otras trasnacionales como Exxon, Total y Shell, hicieran nuevos anuncios.

La irrupción de los no convencionales desplazó de la agenda a la diversificación de la matriz energética, si es que alguna vez hubo intención política de abrir ese debate en los sectores más encumbrados del gobierno. Por otra parte, la lógica commodity persiste más allá de los discursos que, a partir de la promulgación de la Ley de Soberanía Hidrocarburífera, pregonaban la recuperación de los hidrocarburos como recurso estratégico. La apuesta del Estado por los no convencionales se mira en el espejo del modelo sojero y megaminero.

El ingreso de Chevron, por otra parte, se vincula con la política de Estados Unidos de promoción de los no convencionales a nivel global que busca asegurar, además, la parte del león a las empresas estadounidenses, sean estas operadoras de áreas o prestadoras de servicios. A través de esta técnica, la potencia del Norte incrementó su producción fronteras adentro -aunque nuevos informes ponen reparos sobre el mentado boom-, reduciendo su dependencia externa, pero como (su) Seguridad Energética es más que autoabastecimiento, promueve los no convencionales en los cinco continentes con el objetivo de diversificar las fuentes de abastecimiento, a fin de reducir la gravitación de otros actores de peso como Rusia, que cuenta con la mayor reserva mundial de gas, y generar alternativas a proveedores conflictivos, como los países de Oriente Medio y el Norte de África.

También esta avanzada corporativa gubernamental apunta a quebrar el prolongado estancamiento de la producción de crudo y el cercano pico gasífero de fuentes tradicionales, perpetuando la matriz basada en combustibles fósiles y apuntando a reducir el precio de la energía y garantizar los ritmos de producción. La crisis civilizatoria y climática no entran en la agenda. Aunque los artífices de la ofensiva postulan el desarrollo masivo del shale gas como una alternativa energética limpia, la explotación de estos yacimientos significaría un fuerte incremento de las emisiones de gases de efecto invernadero, profundizando el calentamiento global.

Pasada la sorpresa y el desconcierto de la primera embestida, lejos de la resignación y del augurio de un final apocalíptico, la movilización popular, también global, va forjando sus propias herramientas y construyendo las defensas para contener y rechazar la ofensiva del fracking. Los debates sobre las formas de oposición y sus límites están abiertos; mientras tanto, aquel No francés, que en 2011 se plasmó en la prohibición de la fractura hidráulica en territorio galo, renace en nuestro país con el efecto Cinco Saltos, multiplicándose la promulgación de ordenanzas que prohíben esta técnica dentro de los ejidos del país.

 

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Fuente: Observatorio Petrolero Sur – Julio 2013

Córdoba y los abismos de la desigualdad

Por Pablo Seman

 

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Córdoba es entre otras cosas un cruce explosivo de lógicas de exclusión que dejaron en la desigualdad abisal, “gritante” y congelada, un “pueblo” entero. No reivindico el saqueo, no lo miro románticamente. Tampoco creo que sea sólo espontáneo, pero entiendo el carácter masivo del horror que emerge para todos lados cuando uno de los principales reaseguros de ese orden era la presencia constante, masiva, pedagógica, correctiva de una policía que desapareció de la ciudad. La córdoba dividida y desigualada a la fuerzan ha mostrado por un segundo la arquitectura y el dolor generalmente enmudecidos de su constitución social.

 

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Fuente: http://pabloseman.wordpress.com – 04/12/2013

Voto calificado

votocalificadopor Darío Aranda

 

En Argentina se vota cada dos años. Desde 1983 a la fecha se realizaron siete elecciones presidenciales y, con la del próximo domingo, otras siete legislativas.
Los partidos que acumularán mayor cantidad de
votos (y que aspiran a la presidencia en 2015) hicieron campaña con temas que (quizá) reflejan a la sociedad: inseguridad, dólar, inflación y (mantener el) consumo. Y los ya clásicos (y siempre incumplidos) trabajo, salud y educación.
El modelo extractivo afecta a millones de personas, pero no se debate y no se plebiscita.
Curiosas piruetas del establishment político.
Elegido mediante el voto ciudadano, prohíbe a los mismos electores que voten contra las corporaciones, evitan que el pueblo decida su futuro.
Esquel y Loncopué son experiencias recientes. Funcionarios y corporaciones temen los malos ejemplos y el efecto contagio. Por eso evitaron Calingasta y Andalgalá. Por eso no permiten sufragar por represas en Misiones, por Monsanto en Córdoba y por Chevron (y el fracking) en Neuquén.
Tiempos de
votos calificados y democracias selectivas.
Derechos de sólo un domingo cada dos años.

 

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Fuente: ComAmbiental – 25/10/2013

Relevamiento y sistematizacion de problemas de tierra de los agricultores familiares en Argentina

relevamiento tierras2Territorios campesinos e indígenas pretendidos por el extractivismo

Por Darío Aranda

 

En Argentina existen al menos 9,3 millones de hectáreas de campesinos e indígenas que son pretendidas por el sector privado y estatal, según lo revela el primer informe oficial sobre conflictos rurales. La tierra en disputa equivale a 455 veces la superficie de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, son 857 casos y afecta a 63.843 familias. En la mitad de los casos, las familias campesinas e indígenas sufrieron violencia para que abandonen sus campos, el 64 por ciento de los conflictos comenzó en las últimas dos décadas y tiene relación con el modelo agropecuario. “Sin dudas que (el inicio de las disputas) debe leerse a la luz del cambio e innovación tecnológica y el impacto de la expansión de la frontera agrícola sobre los agricultores familiares”, afirma el estudio publicado por el Ministerio de Agricultura de la Nación.

“Relevamiento y sistematización de problemas de tierras de los agricultores familiares en Argentina” es el nombre formal del trabajo, de 96 carillas y realizado por la Subsecretaría de Agricultura Familiar de la Nación. Fechado en 2013, el trabajo remarca desde el inicio sus limitaciones: el conteo de casos fue realizado en sólo tres meses (de abril a junio de 2011) y aclara que es “una muestra amplia pero no representativa” de la conflictividad rural.

Pero recobra valor al ser el primer informe oficial. El NOA concentra la mayor cantidad de conflictos (28,2 por ciento). Le sigue la Patagonia (21,1), NEA (19,8), Centro (19,1) y Cuyo (11,7). Córdoba, Misiones, Santiago del Estero, Neuquén, Corrientes y Jujuy son las de mayores casos.

El 43,1 por ciento de los conflictos lleva entre uno y nueve años. El 20,9 por ciento entre diez y diecinueve años. La gran mayoría (77,6 por ciento) de los poseedores viven en el lugar desde hace más de 20 años y están amparados por el derecho veinteañal (quien vivió y cuidó la tierra por dos décadas, tiene derechos adquiridos). Aunque el Poder Judicial rara vez aplica ese derecho.

De los 857 casos relevados, 278 involucran a pueblos indígenas (32 por ciento). De ese total, sólo el 40 por ciento ya fue relevado en el marco de la Ley 26.160 (norma aprobada en 2006 que frena los desalojos judiciales y ordena un mapeo catastral).

El 49 por ciento de los casos se encuentra en tierras “privadas” (con algún particular o empresa) y el 34 por ciento en tierras fiscales (municipales, provinciales y nacionales). El 17 por ciento en tierras mixtas.

El trabajo estuvo a cargo de Karina Bidaseca. “Los números son claros y evidencian que el modelo de agronegocios avanza y atenta contra la vida campesina. Es imprescindible el acceso a la Justicia, el saneamiento de títulos y políticas estatales activas para que las familias puedan permanecer donde siempre vivieron”, explicó.

El 39 por ciento de los casos (331) se encuentra judicializado. “Los casos en los que se registran amenazas o presiones de desalojo superan ampliamente los casos judicializados”, afirma. Y detalla que en el 52,3 por ciento de los casos se registraron amenazas y presiones de desalojo. Salta, Jujuy, Santiago del Estero, Misiones, Neuquén y Río Negro encabezan el ranking de amenazas.

El relevamiento oficial afirma que los conflictos territoriales se “intensificaron con el gran crecimiento que registra la megaminería, el desarrollo del turismo” y la “aparición de nuevos propietarios” con títulos dudosos.

José Luis Castillo, de la Asamblea Campesina Indígena del Norte Argentino (Acina), estuvo en la presentación del informe. “Celebramos que por primera vez el Estado, mediante la Subsecretaría, haga un estudio sobre lo que denunciamos desde hace veinte años en los territorios, así que damos la bienvenida a ese relevamiento”, explicó y dio un paso más: “Ahora necesitamos que el mismo Estado accione de manera concreta para apoyar a la agricultura familiar, que el Gobierno deje de dar luz verde a los agronegocios que nos pisan la cabeza a los campesinos”.

“Ya sabemos cuál es la enfermedad, el agronegocio, ahora necesitamos políticas públicas que nos permitan producir, quedarnos en el campo y, algo bien básico, que no nos desalojen ni nos repriman”, reclamó Castillo. El informe oficial analiza la estructura agraria y su relación con la tenencia de la tierra. En base al Censo Agropecuario 2002 (el último realizado de manera completa), comparando el censo 1988, muestra que desaparecieron 85.000 explotaciones agropecuarias (20 por ciento del total). Y apunta a uno de los problemas centrales de la argentina rural: el 60 por ciento de las explotaciones agropecuarias más pequeñas no llegaba al cinco por ciento de las hectáreas. En tanto el diez por ciento de las explotaciones agropecuarias más grandes concentraba el 78 por ciento de la tierra.

El capítulo tres aborda el marco legal de los conflictos. “La situación vinculada a los desalojos que padecen las comunidades y familias campesinas implica una clara violación a los derechos constitucionalmente garantizados y reconocidos por los Pactos Internacionales de Derechos Humanos.” Y afirma la necesidad de una política redistributiva, reparto de tierras privadas que no cumplen su función social.

Entre las conclusiones se destaca la necesidad de políticas públicas para acabar con la “exclusión social en el campo” y hace hincapié en la necesidad de “abordar el saneamiento de títulos”. También cuestiona al Poder Judicial por la situación de “indefensión” de los agricultores familiares. Y recuerda que los movimientos campesinos exigen una reforma agraria, la cual supone “transformar las relaciones de poder económico y político responsables por la reproducción de la concentración agraria”.

* Artículo publicado el 22 de julio de 2013 en el diario Página12 con el título “Los conflictos por las tierras ajenas”.

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